La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) fue omisa, una vez más, al no iniciar los procedimientos necesarios para evitar que Magnicharters cesara, sin previo aviso, sus operaciones, además de que los dueños y otros responsables solidarios, no han dado la cara frente a la autoridad, coincidieron expertos del sector aeronáutico.
“Parece que no hay supervisión: hay que seguir supervisando y es responsabilidad del Estado vigilar a las aerolíneas porque este concesiona a las empresas (un bien público). Ahora, si no tienen el capital humano para supervisar deberían replantear cómo hacerlo y evitar este tipo de desenlaces desafortunados”, refirió en entrevista Jesús Ortíz Álvarez, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México.
Aunque la autoridad aeronáutica comunicó haber hallado problemas financieros en Magnicharters desde enero, y la suspensión de la aerolínea ocurrió en la segunda semana de abril, lo cierto es que el gobierno tiene la facultad de, incluso, requisar a la aerolínea o encaminarla a un proceso de concurso mercantil para evitar su cese.
Incluso, dado que esto no ocurrió, los dueños de la aerolínea, la familia Bojórquez, podrían incurrir en un presunto delito de fraude a los acreedores, puntualizó Rogelio Rodríguez, doctor en Derecho Aéreo.
“La autoridad ha sido laxa y, en ocasiones, inexistente. Dado que están administrando una concesión, se verifica. Si alguna de las capacidades auditadas está en problemas, la autoridad tiene que emitir resoluciones, incluyendo poner a la aerolínea en tierra. Entonces, que la autoridad diga sí hice una verificación, pero no hice nada, es peor”, lamentó Rodríguez en entrevista.
Magnicharters anunció la suspensión de operaciones por dos semanas a partir del 12 de abril, una situación irregular y que ha tenido como consecuencia que la AFAC le retire, aunque temporalmente, el permiso como operador aeroportuario. Sin embargo, la autoridad tuvo que tomar las medidas necesarias para evitar que esto ocurriera.
