Previo al decomiso de 59 millones de litros de huachicol el jueves 17 de septiembre en San Luis de la Paz, Guanajuato, anunciado como el mayor decomiso de hidrocarburos, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó una investigación de 76 días.
En ese lapso reunió evidencias con las que pidió y obtuvo de un juez órdenes de cateo que derivaron en la mega incautación de huachicol que hoy se sostiene con pinzas, ya que Gas Natural del Noroeste, empresa de Grupo SIMSA, declaró que la operación de sus instalaciones es legal.
“La operación de la terminal de almacenamiento (de combustible) es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales”, dijo en un comunicado.
Las labores de investigación arrojaron indicios de irregularidades, especialmente por la presunta distribución ilegal de gasolina irregular, premium o diésel.
La FGR informó que no ha recibido la documentación correspondiente sobre la distribución de dicho combustible por parte de las empresas relacionadas. Además, las investigaciones continúan en torno a presuntas empresas vinculadas y el análisis de documentos y entrevistas a directivos de la empresa.
El 3 de julio comenzaron las investigaciones sobre huachicol en Guanajuato
Según la propia FGR, las indagatorias de este caso comenzaron por su delegación en Guanajuato el 3 de julio pasado, derivado de la detención de una persona.
Dicha persona presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad de 33 mil litros de diésel en una gasolinera, ubicada en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato.
Esta detención dio pie al inicio de una investigación más profunda que llevó a tres predios ubicados en Guanajuato, entre ellos, el ubicado en un parque industrial ubicado en la comunidad La Fragua.
En dicho lugar, cateado el jueves pasado, se localizaron 59 millones de litros de huachicol, presuntamente, de procedencia ilícita, equivalente a 2 mil autotanques de Pemex.
Y aunque la FGR reconoció la acción como decomiso histórico, ante el reclamo de la empresa, decidió pasar la indagatoria a la Fiscalía en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.
Será dicha área la encargada de determinar si las ecuaciones de la delegación de la FGR en Guanajuato tienen sustento jurídico, o como dicen la empresa dueña de los inmuebles, fue ilegal.
