Ricardo Monreal explicó cuál es el alcance y las implicaciones de someter a juicio político a Rubén Rocha Moya, como solicitaron figuras de oposición.
Mencionó que, desde el Poder Legislativo, el juicio político tiene el objetivo de destituir del cargo a un funcionario. Sin embargo, en este caso, Rocha Moya solicitó licencia y no se encuentra en funciones, por lo que no podría ser removido del cargo por los señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado.
“El objetivo y la naturaleza jurídica del juicio es destituir al funcionario. En este caso, no está en funciones el funcionario, pidió licencia, ya no ejerce el cargo y lo único que tendría por motivación el juicio político es que el Senado lo inhabilite y diga: ‘Tendrás un año, 10 años, 20 años, 100 años para que no ejerzas cargo público’. Ese es el único alcance que tendría el juicio político”, explicó en entrevista con Azucena Uresti.
Rechazó que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados sea la responsable de decidir si procede o no el procedimiento de juicio político contra cualquier funcionario. Mencionó que el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos describe paso por paso el procedimiento para determinar la viabilidad.
¿Cuál es el procedimiento de juicio político en la Cámara de Diputados contra Rocha Moya?
Ese artículo establece que, primero, debe presentarse un escrito de denuncia ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.
Posteriormente, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a las comisiones correspondientes para el trámite respectivo.
Después, la Subcomisión de Examen Previo deberá determinar si la persona es servidora pública y verificar si la denuncia contiene elementos de prueba.
En caso de existir una presunta infracción y probable responsabilidad del denunciado, el procedimiento avanzará; de lo contrario, la denuncia se desechará.
¿Quién solicitó juicio político contra Rubén Rocha Moya?
El lunes 11 de mayo, la dirigencia del Partido Acción Nacional y su bancada en el Congreso solicitaron juicio político contra Rubén Rocha Moya para buscar su destitución e inhabilitación.
Argumentaron que este trámite impediría la reincorporación del gobernador con licencia al cargo para “solicitar la protección que le daría la propia Constitución”, ya que actualmente no cuenta con fuero para impedir un eventual arresto, en caso de que así lo determine la autoridad.
Ricardo Anaya acusó que “hay una tonelada de pruebas” sobre los supuestos vínculos de Rocha Moya con el crimen organizado, en medio de la insistencia de las autoridades mexicanas para que Estados Unidos presente pruebas y de la negativa de funcionarios nacionales sobre indicios de posibles actos ilegales.
