Desde el inicio de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro que los aranceles serían el eje de su política económica. Cuando la Corte Suprema anuló los amplios gravámenes a las importaciones que había impuesto invocando poderes de emergencia, recurrió a otra disposición, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, para establecer un arancel general del 10 por ciento sobre las importaciones. Sin embargo, esos aranceles tienen una duración limitada y vencerán el 24 de julio.
Ante la proximidad de esa fecha, la administración Trump ha indicado que planea utilizar la Sección 301 de la misma ley para reemplazar esos gravámenes por otros de carácter más permanente y de magnitud similar, basándose en acusaciones relacionadas con el trabajo forzado. Las importaciones procedentes de Brasil han sido señaladas para enfrentar aranceles de 25 por ciento bajo la Sección 301, aunque varios bienes de consumo, como el café y la carne de res, quedarían exentos. Al mismo tiempo, la administración prepara el terreno para aplicar nuevos aranceles bajo esa misma disposición mediante una investigación sobre la supuesta existencia de exceso de capacidad manufacturera en 16 importantes socios comerciales. Además, prevé ampliar los llamados aranceles sectoriales, aplicados a categorías específicas de productos.
¿Cuáles son los aranceles previstos relacionados con el trabajo forzado?
La Oficina del Representante Comercial de EU (USTR) propone imponer aranceles de 10 o 12.5 por ciento a las importaciones procedentes de 60 países que abastecen casi la totalidad de las importaciones estadounidenses, al considerar que no aplican de forma efectiva prohibiciones sobre bienes fabricados con trabajo forzado y, por ello, obtienen una ventaja competitiva desleal. La Sección 301 autoriza a la USTR, bajo instrucciones del presidente, a imponer aranceles como respuesta a prácticas comerciales de otros países que considere discriminatorias para las empresas estadounidenses o contrarias a los derechos de EU en virtud de acuerdos comerciales internacionales.
Tras realizar la investigación requerida por la Sección 301, la USTR publicó su informe el 2 de junio. El documento no intenta determinar si determinados países importan bienes elaborados con trabajo forzado ni si esos productos son fabricados utilizando ese tipo de mano de obra. En cambio, evalúa si cada país cuenta con una prohibición formal para importar bienes producidos con trabajo forzado y si realmente hace cumplir esa prohibición o intenta impedir el ingreso de esos productos.
Según la propuesta de la USTR, la tasa arancelaria dependerá de diversos criterios, entre ellos si el país de origen ha alcanzado un acuerdo comercial con la administración Trump. También contempla un mecanismo especial que permitirá que un determinado volumen de importaciones de prendas de vestir y textiles procedentes de ciertas economías ingrese a Estados Unidos con una tasa reducida.
¿Cuál es el argumento de EU para imponer estos aranceles?
La USTR sostiene que cuando un país no hace cumplir la prohibición sobre bienes producidos con trabajo forzado “perjudica o restringe el comercio estadounidense al exponer a los productores de EU a una competencia desleal por parte de bienes elaborados con trabajo forzado tanto en los mercados de exportación como en el mercado estadounidense, además de desviar hacia EU y otros mercados productos extranjeros fabricados sin trabajo forzado desde sus mercados internos”.
Como ejemplo, el informe señala que, aunque Canadá prohibió hace casi seis años la importación de bienes elaborados con trabajo forzado, el hecho de que no haya publicado estadísticas o información oficial sobre la aplicación de esa medida indica un “bajo nivel de cumplimiento”.
El documento también sostiene que la pérdida de participación de mercado de exportaciones estadounidenses como tabaco, arroz, carne de res y algodón en países donde existen indicios o evidencias de trabajo forzado sugiere que “las exportaciones estadounidenses posiblemente se han visto afectadas por la competencia de bienes producidos con trabajo forzado” o que esos productos podrían haber ingresado a EU y perjudicado a las empresas locales.
Diversos países, entre ellos India y Canadá, rechazaron las acusaciones de EU. sobre una supuesta aplicación deficiente o inexistente de las normas contra el trabajo forzado y sostuvieron que no existe fundamento para imponer aranceles bajo la Sección 301.
¿Qué es el trabajo forzado?
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo forzado como todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo la amenaza de una sanción y para el cual esta no se ha ofrecido voluntariamente.
EU prohíbe desde 1930 la importación de bienes elaborados con trabajo forzado. Además, ha impuesto restricciones específicas a productos procedentes de determinadas regiones. Una ley de 2021 prohíbe todas las importaciones provenientes de la región china de Xinjiang, bajo la presunción de que fueron producidas mediante trabajo forzado. A diferencia de los nuevos aranceles propuestos, esa prohibición se basa en una evaluación de las condiciones laborales existentes en esa región.
¿Cuál sería el impacto de los nuevos aranceles?
Los 60 países investigados representan el 99.4 por ciento de todas las importaciones de EU Maeva Cousin, de Bloomberg Economics, estima que los nuevos gravámenes, si entran en vigor tras el vencimiento de los aranceles temporales de la Sección 122, elevarían la tasa arancelaria efectiva de EU en apenas 0.5 puntos porcentuales, desde el nivel actual del 10.7 por ciento.
Bloomberg Economics prevé que los bienes procedentes de China enfrenten un arancel del 12.5 por ciento, mientras que las importaciones desde Canadá y México, los otros principales proveedores de EU, queden sujetas a una tasa del 10 por ciento. No obstante, el plan de la USTR exime a los productos que cumplen con las reglas del Tratado entre México, EU y Canadá (T-MEC). También contempla importantes excepciones para productos electrónicos.
¿Cómo prepara la administración nuevos aranceles bajo la Sección 301?
La USTR abrió una investigación independiente para determinar si 15 países y la Unión Europea mantienen un “exceso estructural de capacidad y producción” en sus sectores manufactureros que represente una carga “irrazonable o discriminatoria” para el comercio estadounidense. Los países investigados son China, Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Japón, Malasia, México, Noruega, Singapur, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam. La investigación aún no concluye.
El representante comercial de EU, Jamieson Greer, afirmó recientemente en una entrevista que el caso sobre exceso de capacidad es “un proyecto muy complejo” que requerirá más tiempo. “Tengo decenas de abogados y responsables de políticas trabajando para analizar todas estas prácticas”, declaró a Bloomberg Television a mediados de julio. “Por eso lleva más tiempo que la investigación sobre trabajo forzado”.
¿Cómo amplía la administración los aranceles sectoriales?
Además de los aranceles ya aplicados a las importaciones de aluminio y sus derivados, automóviles y autopartes, cobre y madera, la administración anunció que comenzará a imponer gravámenes de hasta 100 por ciento sobre determinados productos farmacéuticos a partir del 31 de julio, aunque con importantes excepciones.
Los aranceles no afectarán a los productos elaborados por compañías que hayan alcanzado acuerdos con la administración Trump para reducir algunos precios de medicamentos en EU, como Merck & Co. y Eli Lilly & Co. Tampoco se aplicarán a medicamentos protegidos por patente fabricados en países que mantengan acuerdos comerciales con EU.
Eso significa que el impacto recaerá principalmente sobre empresas farmacéuticas más pequeñas y fabricantes de ingredientes. El analista Spencer Perlman, de Veda Partners, estima que el arancel completo de 100 por ciento solo afectaría bienes por alrededor de 12 mil millones al año. En 2025, las importaciones estadounidenses de productos farmacéuticos totalizaron274 mil millones.
