La falta de claridad en la regulación en las rentas de corta estancia con fines turísticos en la Ciudad de México está afectando la confianza de los pequeños anfitriones que están reconsiderando invertir en propiedades para colocarlas en este esquema, además de que algunos que ya usan este modelo de renta, están dejando de hacerlo ante las nuevas reglas.
“La regulación carece de una justificación. Se basó en percepciones y no en estadística. Hay una serie de inversiones que se ven detenidas o se ponen en pausa porque todo sector productivo requiere certidumbre”; refirió en entrevista para El Financiero Sean Cázarez, presidente de la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR).
Aún no entra en vigor la regulación de rentas en CDMX
La regulación de rentas en la Ciudad de México para corta estancia está aprobada, pero no ha sido implementada debido a una serie de prórrogas que continúan sin resolver el fondo de las nuevas reglas para plataformas como Airbnb.
Hay dos puntos que están moviendo todas las discusiones en torno a la regulación: la primera está relacionada con el tope a la disponibilidad de noches en renta por año.
De manera poco clara, denuncian los anfitriones, el gobierno estableció que solo se pueden rentar efectivamente la mitad de las noches al año a través de rentas de corta estancia.
Ese 50 por ciento ha sido ampliamente cuestionado, pues ni el gobierno ni los pequeños anfitriones, como se hacen llamar aquellos que no tienen más de tres espacios en renta a través de las plataformas, explican de dónde surgió ese número.
Lo cierto es que el gobierno local está utilizando ese porcentaje límite para equiparar la ocupación de las plataformas con las de la hotelería tradicional cuya ocupación promedio anual ronda el 60 por ciento.
La Ley de Turismo de la Ciudad de México incorporó hace unos años varios lineamientos para regular los alojamientos temporales, entre los que se encuentra la creación de un padrón, la prohibición de tener más de 3 propiedades en este esquema en la capital, además de un tope al 50 por ciento anual de la ocupación en esta modalidad de hospedaje.
Solo el Padrón de anfitriones ha surtido efecto, mientras que las otras medidas dependen del registro y una serie de amparos que los propios anfitriones, así como las empresas como Airbnb, están impulsando para impugnar la reglamentación en los términos vigentes.
El Financiero consultó a Airbnb sobre la regulación y del efecto que estas medidas han tenido sobre el crecimiento en la Ciudad de México de esta plataforma, pero la empresa declinó hacer comentarios.
En la asociación Pequeños Anfitriones están de acuerdo en participar en el registro, que tiene beneficios para la seguridad, según el gobierno, pero piden eliminar el tope de la ocupación.
“No nos pueden coartar esa libertad. Lo que pedimos a las autoridades es que sepan, nos escuchen, que no somos un cuerpo extraño en este ecosistema. Somos ciudadanos que hemos hecho bien las cosas y que necesitamos reglas claras sobre la mesa”, refiere Leticia Godoy, una anfitriona ubicada en la Colonia del Valle.
De manera inicial, el gobierno de Clara Brugada otorgó 90 días, a partir de finales de mayo, para que el Padrón de anfitriones se completara, sin embargo, el 19 de agosto el propio gobierno de la capital publicó una prórroga hasta diciembre de este año para que los propietarios de los inmuebles en renta de corta estancia completen su registro.
Cázares advierte que los nuevos anfitriones están repensando si colocar su inversión en un espacio para rentarlo como Airbnb debido a la incertidumbre y, aunque acepta que hubo un crecimiento en los espacios durante el Mundial 2026, una vez concluido el evento, se observó un descenso en las propiedades rentadas de este tipo.
La regulación efectiva de las rentas no tradicionales ha sido una exigencia de los hoteleros desde hace muchos años, pero que ha avanzado bajo el gobierno de Clara Brugada.
Mientras que los hoteleros denuncian competencia desleal, los anfitriones de Airbnb señalan que no compiten, pues son otro tipo de alojamiento turístico, pero no descartan participación en la regulación.
En la capital, los huéspedes que deciden quedarse en un espacio rentado a través de Airbnb pagan un impuesto al hospedaje. Según cifras de la empresa, se han generado más de 650 millones de pesos por impuestos trasladados a la tesorería de la capital.
Pese a ello, la regulación clara, así como los candados a las rentas de corta estancia continúa en discusión.
