La próxima compra consolidada de medicamentos, organizada por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), enfrenta el riesgo de generar mayores costos para la industria farmacéutica y complicaciones en el abasto, debido a los nuevos requisitos de etiquetado y a los reducidos plazos para modificar los empaques.
Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), estimó que adaptar el etiquetado de alrededor de 3 mil 600 millones de piezas para el bienio 2027-2028 representaría un costo cercano a 10 mil millones de pesos.
“Estamos hablando de cerca de 3 mil 600 millones de piezas para el bienio 27-28, y el poner una etiqueta como la pretenden, con la leyenda de “Gobierno de México”, más el escudo nacional, más las leyendas institucionales de prohibida su venta y uso exclusivo del sector salud, está complicadísimo”, señaló el especialista.
Los nuevos requisitos contemplan leyendas como “medicamento gratuito” y “prohibida su venta”. Para cumplirlos, los fabricantes tendrían que adquirir etiquetas y maquinaria, además de realizar ajustes y rediseños en sus líneas de producción.
“El costo implicaría comprar las etiquetas, más la maquinaria, porque se requiere para los trenes de fabricación, para pegar estas etiquetas. No son etiquetas sencillas, más los permisos que se requieren, más el reprocesamiento, o más bien el rediseño de las líneas de fabricación”, explicó.
El problema es que las empresas tendrían dificultades para recuperar la inversión si el gobierno no adquiere los volúmenes comprometidos. Los productos fabricados con presentaciones exclusivas para el sector público no pueden ser colocados fácilmente en otros mercados.
“Si tú vas a fabricar una presentación exclusiva para Gobierno, pues no vas a poder desplazar ese producto en otros mercados”, advirtió Gual Cosío, quien planteó que los laboratorios necesitan una garantía mínima de compra del 80 por ciento y no del 40 por ciento, tal y como ha ocurrido en procesos anteriores.
La industria también enfrenta un problema de tiempo. Según el directivo, modificar el etiquetado de tal magnitud requeriría alrededor de un año, considerando la adquisición de materiales, fabricación de las etiquetas y adaptación de maquinaria para procesar el volumen previsto.
“Tienes que poner la maquinaria que necesitas para poder etiquetar 3 mil 600 millones de piezas”, sostuvo.
Adiverten riesgo por desabasto de medicamentos
Para Alejandro Ramírez Salgado, especialista en Salud Pública y Políticas Sanitarias, este nuevo proceso de compra consolidada ya no está garantizando el abasto ni los mejores precios de medicamentos, ya que el gasto adicional del etiquetado deberá ser asumido por el gobierno.
“Birmex sostiene que la compra consolidada busca aprovechar el poder de negociación del Estado para conseguir mejores precios y garantizar el abasto oportuno. El punto es si los nuevos controles y requisitos mejorarán la seguridad del suministro o si podrían generar nuevas dificultades en la cadena de abasto”, comentó Ramírez Salgado.
A esto se suman las autorizaciones regulatorias necesarias y la ausencia de un periodo de transición para que los fabricantes puedan realizar los cambios y agotar los inventarios existentes.
“Esto podría ralentizar terriblemente el abasto de medicamentos y genera un riesgo de desabasto, por los plazos tan comprimidos y la falta de criterios objetivos de verificación”, alertó el especialista.
El riesgo aumentaría si algunos laboratorios no participan en el proceso, ya que la industria considera que, ante los costos de adaptación y la falta de certeza sobre las compras efectivas, algunas empresas podrían concluir que no es financieramente viable entrar a la licitación.
Para Gual Cosío, una menor participación de proveedores podría traducirse directamente en problemas de disponibilidad para los pacientes, en aquellas claves donde exista una oferta limitada de fabricantes.
La preocupación financiera se extiende a los adeudos que mantiene el sector público con los laboratorios. Gual Cosío estimó que la deuda acumulada del Gobierno con la industria farmacéutica ronda los 15 mil millones de pesos, pese a pagos realizados a finales de 2025 y principios de 2026.
