Pocas veces la industria farmacéutica en México había llegado a un punto de coincidencia tan claro con el gobierno federal como el que hoy se observa, pero pocas veces también había estado tan cerca de poner a prueba ese entendimiento en el corto plazo.
Lo que ocurrió en la 77ª Asamblea General Ordinaria de Canifarma no fue un evento más en el calendario gremial. Fue, en los hechos, la confirmación de que el sector dejó atrás la etapa de confrontación para entrar en una lógica de interlocución técnica, donde el diálogo con autoridades —particularmente con el subsecretario de Salud, Eduardo Clark— ha comenzado a traducirse en resultados tangibles.
El más relevante: el pago del adeudo histórico del gobierno a la industria. No se trata de un tema menor ni meramente administrativo. De acuerdo con cifras presentadas por la propia Cámara, durante 2025 se pagaron alrededor de 50 mil millones de pesos y se cubrió más del 90% de la deuda prioritaria. En términos prácticos, esto no solo sanea la relación financiera, sino que restituye algo más valioso: la confianza operativa en el sistema de compras públicas.
Ese punto es clave. Sin certidumbre en pagos, no hay planeación posible. Sin planeación, no hay abasto. Y sin abasto, cualquier política pública en salud se vuelve inviable.
A la par de este avance, el tono político cambió. La industria reconoce hoy una mayor apertura institucional, con mesas de trabajo constantes —más de 120 en distintas fases— y una interlocución más técnica que ideológica. El reconocimiento público y reiterado a Clark no es casual: revela que el sector identifica interlocutores funcionales dentro del gobierno, algo que no siempre ocurrió en años recientes.
En este contexto, la ratificación de Guillermo Funes al frente de Canifarma y la integración de la nueva Mesa Directiva no representan una ruptura, sino una apuesta clara por la continuidad. La consigna es evidente: no reinventar la relación con cada relevo, sino consolidar una agenda de largo plazo.
Esa agenda, además, llega ampliada. La aprobación del cambio de denominación para incorporar formalmente a los dispositivos médicos no es un ajuste cosmético (ahora se llamará Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y de Dispositivos Médicos); es una señal de integración del ecosistema de salud y de una visión menos fragmentada del sector. En otras palabras, la industria comienza a pensarse como una cadena de valor completa, no como compartimentos aislados.
Sin embargo, el punto de mayor carga simbólica —y estratégica— está en la salida de Rafael Gual Cossío, quien dejará la Dirección General de la Cámara tras 17 años al frente, pero con 44 años en la industria farmacéutica. Su relevo, que se formalizará en septiembre durante la XXXIII Convención Anual de Canifarma, a realizarse en Querétaro, no es un simple cambio administrativo, sino la transición de una etapa de contención y defensa institucional a otra que deberá ser de consolidación y expansión.
Ahí está el verdadero punto de inflexión. Porque si algo dejó claro la Asamblea es que el entendimiento actual entre industria y gobierno aún es frágil. Depende de personas, de coyunturas y de resultados concretos. La Convención de septiembre será, en ese sentido, una prueba crítica.
Hay al menos tres escenarios posibles:
- El primero, optimista: que el diálogo se institucionalice, que los pagos se mantengan en tiempo y forma y que la industria logre incidir en el diseño de una política farmacéutica más clara, particularmente rumbo a las compras 2027–2028, donde el propio gobierno ya ha pedido una participación más activa del sector.
- El segundo, inercial: que el diálogo continúe, pero sin traducirse en cambios estructurales en regulación, tiempos de Cofepris o esquemas de compra. Un escenario de estabilidad relativa, pero sin avances de fondo.
- El tercero, de riesgo: que el relevo en la Dirección General, sumado a presiones presupuestales o cambios políticos, genere ruido en la interlocución y reactive tensiones que hoy parecen superadas.
Sin duda, la industria llega a este momento con algo que no tenía hace dos años: capacidad de negociación y resultados que mostrar. El gobierno, por su parte, cuenta con un sector más dispuesto a colaborar, pero también más atento a que los acuerdos se cumplan.
Lo que está en juego no es solo la relación entre ambas partes. Es la viabilidad de construir, por fin, una política de Estado en salud donde la industria farmacéutica deje de ser vista como proveedor y se consolide como socio estratégico, condición que ya tenía antes de la llegada de la 4T al poder.
En suma, la Convención de septiembre no será solo un trámite protocolario. Será, en muchos sentidos, el examen final de esta nueva etapa.
Sala de Urgencias
- Conviene no perder de vista una contradicción: mientras el gobierno habla de estabilización en el abasto, en los hechos el sistema sigue ajustándose sobre la marcha. No hay aún un modelo consolidado, sino uno en construcción que depende de mesas técnicas y de la colaboración —hoy indispensable— con la industria. El cambio de tono no es menor, pero responde más a una necesidad operativa que a una redefinición estructural.
- El verdadero punto de tensión está en lo que viene. Las compras 2027–2028 pondrán a prueba un sistema que aún arrastra rezagos regulatorios y exige mayor certidumbre. La coordinación actual es positiva, pero insuficiente si no se traduce en reglas claras, tiempos predecibles y capacidad real de ejecución. Porque en salud, el abasto no se sostiene con discurso, sino con resultados.