La Cámara de Comercio de Estados Unidos (U.S. Chamber of Commerce) pidió al Senado mexicano no aprobar en sus términos actuales la reforma fiscal incluida en el Paquete Económico 2027, al advertir que las modificaciones al Impuesto sobre la Renta (ISR) podrían elevar los costos fiscales de las empresas estadounidenses que operan en México y restar competitividad al país como destino de inversión.
En una carta dirigida al senador Miguel Ángel Yunes y firmada por Neil Herrington, vicepresidente senior para las Américas del organismo, la representación empresarial sostuvo que la propuesta, aunque busca combatir la evasión y las prácticas fiscales abusivas, también podría penalizar a compañías que cumplen con sus obligaciones y mantienen operaciones productivas, trabajadores, activos e inversiones de largo plazo en territorio mexicano.
“Por estas razones, la Cámara insta respetuosamente al Senado a no aprobar el Paquete Económico 2027 tal como está redactado”, señaló.
El principal señalamiento se concentra en las restricciones a las deducciones de gastos empresariales, que, de acuerdo con el organismo, podrían generar una base gravable mayor a las utilidades reales de las compañías, incluso cuando estas acrediten costos indispensables para operar, como nómina, inventarios, logística, arrendamientos, depreciación e insumos de manufactura.
¿Cómo afectaría la reforma fiscal, según la US Chamber of Commerce?
La Cámara advirtió que el esquema podría funcionar como un umbral mínimo de utilidad gravable, independientemente de la rentabilidad económica efectiva de cada empresa, lo que afectaría especialmente a sectores con márgenes reducidos, altos costos operativos o inversiones intensivas en capital.
Para las compañías estadounidenses con operaciones integradas en América del Norte, el efecto también se trasladaría al capital de trabajo y a las decisiones de expansión, contratación, modernización de cadenas de suministro y fijación de precios.
El organismo empresarial sostuvo que una mayor carga fiscal efectiva podría traducirse en menos inversión, menor creación de empleos, menor crecimiento económico y precios más elevados para los consumidores.
¿Cuáles son los puntos de mayor preocupación?
Entre los puntos que generan mayor preocupación también está la propuesta de reducir de 30 a 20 por ciento del ingreso gravable ajustado el límite para deducir intereses netos, medida que, según la Cámara, elevaría el costo del financiamiento y colocaría a México en una posición menos competitiva frente a otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Asimismo, cuestionó la intención de limitar al 50 por ciento del ingreso gravable la utilización de pérdidas fiscales, incluso aquellas generadas antes de la entrada en vigor de la reforma, al considerar que modificaría las condiciones bajo las cuales se estructuraron inversiones de largo plazo.
La propuesta también podría generar presiones de liquidez por los ajustes al cálculo de pagos provisionales del ISR y complicaciones en operaciones transfronterizas, particularmente por las nuevas condiciones para deducir pagos a residentes en el extranjero.
En este último punto, la Cámara alertó sobre posibles riesgos de doble tributación y conflictos con los principios del convenio fiscal entre México y Estados Unidos.
Otro foco de preocupación son los acuerdos anticipados de precios de transferencia (APA, por sus siglas en inglés), utilizados por empresas multinacionales para obtener certidumbre sobre el tratamiento fiscal de sus operaciones entre partes relacionadas.
Según el organismo, las nuevas restricciones podrían alterar los resultados económicos de operaciones que ya fueron negociadas y aceptadas por las autoridades fiscales de ambos países, debilitando los mecanismos bilaterales diseñados para evitar controversias y doble tributación.
Ante este escenario, la Cámara pidió al Senado modificar la iniciativa para proteger los gastos operativos legítimos, mantener el límite actual de 30 por ciento para la deducción de intereses y permitir el aprovechamiento íntegro de las pérdidas fiscales generadas antes de la reforma.
También propuso establecer mecanismos de protección para empresas con operaciones reales, documentación comprobable y cumplimiento fiscal, así como reglas de transición para inversiones, financiamientos y atributos fiscales previamente establecidos.
“Fortalecer las finanzas públicas y preservar la competitividad de México son objetivos complementarios”, sostuvo.
