El Paquete Económico 2027 propone una política de ingresos que podría tener un efecto adverso duradero. El incremento real estimado de los recursos, de casi 4 por ciento, se sustenta principalmente en los ingresos tributarios, que se estima crecerán cerca de 6 por ciento.
La clave de la mayor recaudación radicaría en el aumento de la carga efectiva del impuesto sobre la renta (ISR). Entre las medidas destacan la disminución de las deducciones autorizadas como porcentaje de los ingresos acumulables, así como de la proporción de la amortización de pérdidas de ejercicios anteriores respecto de la utilidad fiscal, con el presunto fin de evitar la erosión de la base gravable y combatir los delitos fiscales.
Sin embargo, al reducir la rentabilidad de las empresas, el aumento de la tasa efectiva del ISR podría desalentar la inversión privada en proyectos de larga duración. Esto resulta particularmente grave frente al ambiente de debilidad económica que ha prevalecido, especialmente desde 2024, como reflejo del deterioro institucional.
En sentido contrario, sacrificando recaudación potencial e incurriendo en una inequidad tributaria, el gobierno plantea aumentar los umbrales de ingreso de las empresas y de las personas físicas con actividad empresarial requeridos para disfrutar del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), que incluye tasas mínimas del ISR sobre ingresos efectivamente cobrados y facilidades administrativas.
El mayor alcance del RESICO presenta la desventaja de que podría incentivar a individuos y empresas a limitar la escala de su actividad, al menos la declarada formalmente, inhibiendo el interés en invertir en modernización y productividad. Además, no es claro que el mencionado régimen haya reducido la informalidad económica, cuya participación en la economía ha aumentado desde 2021, en un contexto de fuertes incrementos de los salarios mínimos.
Pemex seguirá siendo un lastre para las finanzas públicas. El programa contempla una disminución real de casi un tercio en los ingresos petroleros del gobierno federal y una transferencia para el pago de la deuda de Pemex equivalente a casi la mitad de lo que espera recaudar de esa petrolera.
Por otro lado, el aumento real estimado en el gasto público para 2027, de más de 3 por ciento, se destinaría principalmente a servicios personales y al agregado de pensiones y jubilaciones. Este último rubro, en el cual aproximadamente la cuarta parte corresponde a las pensiones no contributivas, como la de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, ha experimentado un crecimiento espectacular desde 2019 y, para 2027, tiene un monto estimado superior al de los servicios personales y muy superior al costo financiero de la deuda.
El programa contempla un crecimiento real de 3.5 por ciento de la inversión física. Aunque podría tener un impacto favorable de corto plazo, este resultaría inferior al de 2026, año en que el incremento de la inversión se programó en 9.7 por ciento. Más importante aún, una fracción elevada de la inversión continuará destinándose a proyectos de escasa o nula rentabilidad, como Pemex y los trenes que, entre otros, incluyen el Maya, el del Istmo de Tehuantepec y el del AIFA, por lo que el impulso de largo plazo podría ser despreciable.
Como ha ocurrido de forma notable desde 2020, el Paquete pospone la consolidación fiscal necesaria para reducir la probabilidad de pérdida del grado de inversión de la deuda por parte de las agencias calificadoras. Como proporciones del PIB, el plan proyecta un déficit amplio del sector público (RFSP) de 3.9 por ciento, con lo que la deuda neta amplia (SHRFSP) alcanzaría 55 por ciento. Esta última equivaldría a una deuda bruta, verdadera métrica de endeudamiento, de aproximadamente 64 por ciento.
La velocidad del deterioro de la razón de deuda neta amplia, ilustrada de forma más dramática por el aumento de casi doce puntos porcentuales desde 2020, incrementa el peligro de profundizar la tendencia de deterioro en la calificación iniciada en 2019.
Finalmente, desde 2025, los rendimientos de los bonos gubernamentales negociados internacionalmente, para varios plazos, han venido convergiendo a los de algunos países con títulos calificados como “basura”. Aunque la pérdida de grado de inversión podría tener impactos inmediatos, por ejemplo, una significativa depreciación del peso, los mercados parecen haberse adelantado al evento, exigiendo, al menos parcialmente, un mayor costo de financiamiento.
Por desgracia, en lugar de implantar políticas convincentes que detengan el deterioro financiero del sector público, el gobierno ha preferido negar la realidad y pregonar “conquistas sociales” que, aunque sean insostenibles, permiten asegurar, al menos por un tiempo, la permanencia en el poder.