En el Instituto Nacional Electoral (INE) suman 30 renuncias de funcionarios cercanos a la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, señalada por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés.
De las renuncias, 17 corresponden a integrantes de la oficina de la expresidenta, incluido el jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas. También renunciaron tres funcionarios con cargos directivos: José Alberto Pérez de Acha, director de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social.
Otras bajas corresponden al director de Recursos Materiales, Alfonso Burciaga Esparza; al jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva, Juan Manuel Vázquez Barajas; y a Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien fue titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y posteriormente coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Por último, el INE recibió dos renuncias en la Dirección Ejecutiva de Administración: la del subdirector de Transporte y Administración de Riesgos y la del líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular.
También se registraron dos bajas en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores: la de la coordinadora de Procesos Registrales y la del encargado de despacho de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos. A estas se suma la renuncia del subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
Investigación para deslinde de responsabilidades
El INE informó que continúa el análisis y la revisión de la situación de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel. Según el organismo, el proceso se realiza de manera colegiada por las diez consejerías electorales.
La revisión comprende la Junta General Ejecutiva y los cargos de primer nivel, incluidos aquellos relacionados con la oficina de la expresidenta. También abarca las relaciones funcionales y los procesos de contratación que, a partir de información pública reciente, deban ser analizados.
Hasta el momento, de forma oficial, autoridades no han confirmado que los otros funcionarios que renunciaron después de la expresidenta consejera estuvieran involucrados en el esquema. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio y será después cuando dé parte a la autoridad correspondiente, dependiendo de la situación.
