China inició una investigación de ciberseguridad sobre los productos que la empresa estadounidense Palo Alto Networks comercializa en el país debido a posibles riesgos para las infraestructuras críticas y la seguridad nacional, informó este jueves la Administración del Ciberespacio de China (CAC).
La Oficina de Revisión de la Ciberseguridad anunció la apertura del procedimiento al amparo de la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Ciberseguridad y las Medidas para la Revisión de la Ciberseguridad, sin precisar cuáles son los productos afectados ni los motivos específicos de la investigación.
El organismo se limitó a señalar que la medida busca “salvaguardar el funcionamiento seguro y estable de las infraestructuras críticas de información, prevenir riesgos y amenazas para la ciberseguridad y proteger la seguridad nacional”, según el anuncio oficial.
Palo Alto Networks es uno de los mayores proveedores de soluciones de ciberseguridad para empresas y administraciones públicas en el mundo.
Sus productos protegen redes corporativas, centros de datos, servicios en la nube e infraestructuras críticas, precisamente el sector cuya seguridad citaron las autoridades chinas para justificar la investigación.
La apertura del procedimiento ocurre en un momento de renovadas tensiones tecnológicas entre China y Estados Unidos y forma parte de un conjunto de medidas anunciado el miércoles por Pekín.
Ese día, las autoridades endurecieron los controles a la exportación hacia Estados Unidos de drones y otros productos de doble uso, impusieron sanciones a seis entidades estadounidenses por su presunto respaldo a las restricciones impulsadas por Washington en relación con supuestos trabajos forzosos en Xinjiang y anunciaron una investigación de seguridad nacional sobre determinadas impresoras y fotocopiadoras importadas.
La investigación también representa un nuevo episodio en el escrutinio sobre Palo Alto Networks, después de que diversos medios internacionales informaron en enero que algunas organizaciones chinas debían sustituir productos de ciberseguridad de compañías estadounidenses e israelíes, entre ellas esa empresa, debido a presuntos riesgos para la seguridad nacional.
Las medidas se anunciaron después de que el gobierno estadounidense incorporó la semana pasada a 43 empresas chinas a la lista de entidades sujetas a restricciones de importación en virtud de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA), una decisión que Pekín calificó de “coerción económica” y de incumplimiento de los acuerdos alcanzados para preservar la estabilidad de las relaciones económicas y comerciales entre ambas potencias.
China recurrió a este mecanismo en 2023, cuando investigó al fabricante estadounidense de semiconductores Micron y posteriormente le prohibió suministrar productos destinados a infraestructuras críticas al considerar que representaban un riesgo para la seguridad nacional.
El caso de Palo Alto Networks refleja cómo la competencia tecnológica entre ambas potencias se extendió desde el sector de los semiconductores y las telecomunicaciones hasta la ciberseguridad, un ámbito que ambos gobiernos consideran cada vez más relevante para la protección de las infraestructuras críticas y la seguridad nacional.
Tanto Washington como Pekín recurren con mayor frecuencia a investigaciones regulatorias, controles de exportación y otras restricciones dirigidas contra empresas tecnológicas del país rival.
