La diputada Citlali Calixto Jiménez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guerrero para reconocer, combatir y sancionar de manera específica la violencia en el entorno escolar.
La propuesta se da en concordancia con lo planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la restricción del uso de celulares en los salones de clase, “medida de prevención que respaldamos contundentemente”, indicó.
La propuesta abarca agresiones físicas, sexuales, digitales, hostigamiento e imputaciones falsas entre integrantes de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, directivos, administrativos y tutores), incluso cuando estas conductas ocurran fuera de las instalaciones de los planteles.
“El delito aplica dentro o fuera de la escuela. Lo que importa es que víctima y agresor pertenezcan a la misma comunidad educativa. Eso cubre el salón, la salida, el camino a casa y las redes sociales”, explicó la diputada local.
La diputada de Morena señaló que con la iniciativa se busca “educar y proteger a la comunidad escolar, no criminalizar a la juventud”.
Además, destacó que la violencia puede afectar la salud, el aprendizaje y la permanencia en la escuela; atenderla debe ser una responsabilidad pública.
“Esta propuesta da continuidad a mi compromiso con los derechos y la protección de quienes enfrentan mayor vulnerabilidad”, añadió.
Entre los puntos clave de la iniciativa se encuentran la tipificación e integrantes protegidos, esto aplica a agresiones entre personas pertenecientes a la misma comunidad escolar, cubre eventos dentro del plantel, en las inmediaciones y en plataformas digitales.
¿Por qué surge la iniciativa contra la violencia escolar?
La iniciativa se da ante los recientes hechos ocurridos en los centros escolares, por lo que también contempla sanciones y agravantes.
Se proponen penas de 6 meses a cuatro años de prisión y de 50 a 200 días de multa, además de tratamiento psicológico especializado, se prevén agravantes por abuso de autoridad, intervención de varias personas y uso de tecnologías.
Los agravantes se platearon por la condición de la víctima, el aprovechamiento de una posición de autoridad, la intervención de varias personas y el uso de tecnologías. La aplicación de dicha iniciativa dependería de la aprobación y publicación del decreto.
“Parto de que la escuela debe ser un lugar donde se generen oportunidades y se cuide la dignidad de las personas”, apuntó Calixto Jiménez.
Además, la reparación del daño considera gastos médicos y daño moral en favor de las víctimas.
Otro punto destacable es la justicia para adolescentes, en casos donde la persona agresora sea menor de edad (12 a 17 años), la propuesta se alinea a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, priorizando medidas formativas y educativas sobre el internamiento.
