Un juez declaró culpable a Herminio, policía municipal de Alcozauca, por el feminicidio de Leuteria Reyes Benito, mujer na savi de 31 años, asesinada el 5 de enero de 2025, esto después de un juicio oral en el que fueron presentados testimonios y peritajes que acreditaron su responsabilidad en el caso.
De acuerdo con la información difundida por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el juez Juan Carlos Martínez Marchán, del Tribunal de Enjuiciamiento Penal de los distritos judiciales de Morelos, Montaña y Zaragoza, con sede en Tlapa, determinó que las pruebas presentadas durante el juicio fueron suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado.
Leutaria Reyes Benito fue atacada con una navaja y recibió 33 heridas en distintas partes del cuerpo, entre ellas el cuello, el torso y ambos pulmones, en un incidente ocurrido el 5 de enero de 2025 alrededor de las 18:00 horas.
La víctima de feminicidio, originaria de la comunidad de Cruz Fandango, municipio de Alcozauca, fue trasladada inicialmente al Hospital Comunitario de ese municipio. Posteriormente fue llevada a Tlapa y, debido a la gravedad de sus lesiones, se ordenó su traslado a Chilpancingo; sin embargo, falleció cuando llegó al hospital.
Durante el juicio fueron desahogados 13 testimonios y 14 peritajes realizados por especialistas de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.
En el texto publicado en el muro de Facebook de Tlachinollan se explica que entre las declaraciones consideradas relevantes estuvieron las de cuatro policías municipales, una médica que atendió inicialmente a Leuteria y Rosalba, la mujer con quien vivía la víctima.
Según los testimonios, cuando los policías llegaron al sitio donde ocurrió la agresión, encontraron a Leuteria todavía con vida y a Herminio con manchas de sangre.
Al percatarse de la presencia de los agentes, el acusado brincó una barda y escapó del lugar.
La víctima, de acuerdo con lo expuesto durante el juicio, señaló directamente a Herminio como su agresor y pidió que lo detuvieran.
Los peritajes de criminalística y medicina forense establecieron que Leuteria sufrió 33 lesiones provocadas por un objeto punzocortante.
Las heridas alcanzaron órganos vitales y ocasionaron una pérdida severa de sangre que finalmente provocó su muerte.
Además, los peritos encontraron sangre de la víctima en la navaja presuntamente utilizada en el ataque.
También se analizaron unas botas que Herminio llevaba cuando ingresó al reclusorio y que presentaban manchas de sangre, las cuales correspondieron a Leuteria.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Baldomero Díaz Salazar, sostuvo que el conjunto de pruebas testimoniales y periciales permitió acreditar la responsabilidad del acusado.
Otro elemento considerado por el juzgador fue la relación que existía entre víctima y acusado, quienes además de mantener un vínculo sentimental, trabajaban como policías municipales en la Dirección de Seguridad Pública de Alcozauca.
El juez tomó en cuenta dos circunstancias para considerar el crimen como feminicidio: la cantidad y gravedad de las lesiones infligidas a Leuteria, que fueron consideradas como un ataque de extrema violencia, así como la relación sentimental y laboral que existía entre ambos.
Tlachinollan señaló que la resolución constituye un avance en la búsqueda de justicia para la familia de Leuteria y para las mujeres indígenas de la región de La Montaña, aunque advirtió que persiste una problemática de violencia contra las mujeres y de impunidad en la zona.
La sentencia definitiva será dictada el próximo martes 11 de agosto. La familia de Leuteria y sus representantes legales esperan que el responsable reciba la pena máxima por feminicidio, estimada en 90 años de prisión, al considerar que un castigo severo contribuiría a inhibir nuevos casos de violencia feminicida contra mujeres indígenas.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan calificó la declaración de culpabilidad como un “rayo de luz” para las mujeres de La Montaña y llamó a las autoridades a garantizar que los feminicidios sean investigados y sancionados con todo el peso de la ley, sin importar que los responsables formen parte de corporaciones de seguridad.
