Socios de la empresa Corredor Nueva Generación (Congesa) acusaron a José García Lagunas, quien se ostenta ilegalmente como presidente del Consejo de Administración de la concesionaria de transporte público de la CDMX, de desviar recursos y dejar sin utilidades a cerca de 100 accionistas, el 80 por ciento de ellos adultos mayores.
El directivo también es señalado por vender autobuses sin autorización, intentar comercializar un inmueble corporativo y operar camiones sin permiso oficial sobre el Corredor Circuito Interior, ruta estratégica que conecta puntos neurálgicos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Tacubaya, Metro La Raza y Metro Juanacatlán.
En entrevista, los afectados confirmaron que expusieron su caso ante la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.
Ante la falta de resoluciones que regulen el correcto funcionamiento de la concesionaria, los inconformes advirtieron que planean realizar un bloqueo en el Circuito Interior, a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para pedir el cumplimiento de sus demandas.
“Estamos desesperados, se supone que el gobierno de la Ciudad de México nos apoya, pero nos han ignorado”, manifestó uno de los afectados que pidió omitir su nombre debido a recibir amenazas.
En respuesta a los señalamientos, la SEMOVI aseguró que atendió en cuatro reuniones a los afectados. No obstante, la dependencia precisó que, al tratarse de un conflicto financiero entre particulares, carece de las facultades legales para intervenir.
“Respecto a las denuncias por presuntos impagos, La SEMOVI no tiene atribuciones para fiscalizar los ingresos de las empresas de transporte público concesionado; por tratarse de asuntos en materia civil y mercantil, se reitera la importancia de dirimir esos reclamos ante las instancias jurisdiccionales competentes”, refirió SEMOVI.
Congesa nació oficialmente en 2012 como un Corredor Concesionado para modernizar la Ruta 03, sustituyendo 240 microbuses y camiones por 102 autobuses de alta capacidad y convirtiendo a los transportistas en accionistas con derecho a dividendos mensuales.
Sin embargo, de acuerdo con los afectados, los malos manejos de su administrador, José García Lagunas, acusado de llevarse los ingresos en bolsas y cubetas, desplomaron la flota a solo 25 unidades.
Al inicio, en el 2012, los socios recibían 5 mil pesos mensuales, (por placa) luego en la pandemia bajaron a 2 mil pesos y en el 2023 se suspendieron totalmente los pagos con vagas explicaciones.
Pese a que el padrón de socios cayó de 130 a 100 por fallecimientos y a que existen amparos y sentencias judiciales en firme contra la gestión actual, la SEMOVI se ha limitado a sugerir que el conflicto se resuelva en tribunales, dejando impunes las demandas de los afectados.
“El 80 por ciento de los socios somos adultos mayores que teníamos microbuses, acudíamos a juntas de Congesa, pero en los últimos años José García Lagunas ya no nos da la cara y las autoridades nos dicen que es bronca nuestra y como somos gente mayor, nos ignoran y ya”, lamentó uno de los afectados.
Los testimonios recabados indican que, en los momentos más críticos, los adultos mayores carecían de capital para adquirir sus medicamentos básicos; bajo estas presiones financieras y ante la falta de dividendos, algunos de ellos mal vendieron sus títulos accionarios.
Los inconformes afirman que García Lagunas se benefició de la vulnerabilidad de los socios de la tercera edad, quienes desconocen las reglas de un corredor concesionado.
Concesión manejada como negocio familiar
Los quejosos aseguran que el directivo aprovechó la coyuntura de la pandemia del COVID en el 2020 para manejar la concesión de transporte público de la CDMX como un negocio personal y familiar, ignorando los fallos de los tribunales.
Los socios denunciaron que, bajo este esquema, compraron 10 autobuses usados, fuera de norma y en pésimo estado que se pretendieron cobrar como nuevos, lo que motivó que la propia SEMOVI requiriera una justificación sobre la presencia de dichos vehículos.
“El Consejo de Administración de Congesa solicitó 10 permisos para circular sin placa y engomado para realizar pruebas operativas, dicho permiso no ha sido otorgado por la Secretaría”, afirmó la SEMOVI al ser consultada sobre el estatus de la flota.
Posteriormente, el directivo registró camiones nuevos presuntamente a nombre de sus hijos e incondicionales, mientras sostenía ante los inversionistas originales que la flota fundacional era vieja y la firma insolvente para justificar la suspensión de pagos.
“Básicamente metió unidades nuevas a nombre de sus hijos y las unidades más viejas sabemos que las vendió en el Estado de México sin reportarle a nadie. Entonces a nosotros nos dice García Lagunas ‘ya no hay camiones de ustedes’, entonces ahora no tenemos nada, ni placas, ni camiones, ni dinero”, lamentó otro de los afectados que pidió reservar su nombre debido a amenazas en su contra.
El historial legal de la concesionaria Congesa incluye un aseguramiento en octubre de 2014 por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) por fraude masivo, precedido por un cateo en febrero de ese mismo año tras descubrirse una toma clandestina de hidrocarburo ilícito.
SEMOVI informó que entre 2025 y lo que va del año el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) realizó 17 operativos contra Congesa derivado de reportes ciudadanos, pero remitió a esa autoridad para conocer el resultado de esas inspecciones.
