A partir del 22 de octubre de este año, las reglas para acceder a la continuación voluntaria del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también conocido como modalidad 40, para quienes se dieron de alta como derechohabientes al 30 de junio de 1973 y antes, cambiarán y no necesariamente en beneficio de los trabajadores, con una reducción por hasta el 50 por ciento en los montos de sus pensiones, señaló Norma Angélica Chávez Cortés, abogada laborista y especialista en seguridad social.
En entrevista para Quadratín, detalló que hasta el 21 de octubre de 2026 los lineamientos correspondientes a la modalidad 40 comprendían la posibilidad de que el trabajador inscrito bajo la ley 1973, del IMSS, pudiera acceder a mayores montos de pensión, mediante el registro de un salario base de cotización por hasta 25 salarios mínimos, luego unidades de medida y actualización (UMA), con sus correspondientes aportaciones voluntarias por un lapso de cinco años.
Asimismo, la migración de la modalidad 10, para trabajadores independientes, a la modalidad 40, donde es imprescindible que se tuviera un empleador en el régimen obligatorio, y que el derechohabiente haya causado baja.
Duputado califica como ilegal cambios en la Modalidad 40
El diputado Héctor Saúl Téllez calificó de ilegal e inconstitucional el decreto que modifica las condiciones de la Modalidad 40 del IMSS.
Exigió al Gobierno federal derogarlo, al considerar que vulnera derechos sociales adquiridos por los trabajadores.
Advirtió que la medida es apresurada y no puede restringir derechos mediante un decreto administrativo, sin una revisión de la legislación en materia de seguridad social.
Sostuvo que cualquier modificación debe discutirse en el Congreso y señaló que el decreto no debería aplicarse mientras se revisa su legalidad.
Por ello, anunció que brindará asesoría jurídica a los ciudadanos afectados y analizará la presentación de amparos, así como una posible iniciativa legislativa.
También atribuyó la decisión a las presiones financieras del Gobierno federal, ante el crecimiento del gasto en pensiones, el pago de la deuda y lo que calificó como un manejo irresponsable de los recursos públicos.
Respecto a las presuntas irregularidades detectadas en esta modalidad, consideró que deben investigarse y, en su caso, sancionarse, pero rechazó que ello justifique eliminar derechos de quienes trabajaron durante años para acceder a una pensión digna y justa.
Con información de Quadratín.
