A 12 años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el caso “sigue sin esclarecerse”, reconocieron la Comisión para la Verdad del caso y la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Al dar un nuevo avance de la investigación, dijeron que actualmente éstas se centran en varias líneas de investigación, quizá la principal de ellas, la relacionada con una agencia funeraria donde los estudiantes pudieron, incluso, haber sido incinerados.
Y es que los testigos colaboradores Sonia, Damián y Neto dijeron que algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a funerarias con el propósito de desaparecer evidencia mediante procesos de incineración.
Por ello, según Arturo Medina Padilla y Mauricio Pazarán Álvarez, titulares de las citadas dependencias de la Secretaría de Gobernación y la FGR, respectivamente, se fortalece la hipótesis de la existencia de una red criminal que usaba ese mecanismo de desaparición para la organización Guerreros Unidos.
Recuento de las investigaciones del caso Ayotzinapa
En la conferencia, los funcionarios hicieron un recuento de las indagatorias hechas en las administraciones de los expresidentes Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador, las cuales, advirtieron, están siendo revisadas minuciosamente, desde cero y con una mirada fresca y renovada.
Dijeron que se trata de más de 5 millones de fojas, incluidas en tres mil expedientes, que se revisan y digitalizan con tecnología de punta, trabajo que ha abierto nuevas líneas de investigación y ha llevado a la identificación y detención de más implicados en el caso.
Una de esas líneas abiertas está relacionada con la red de llamadas telefónicas, incluidas las hechas durante las horas críticas entre servidores públicos, policías y delincuentes, lo que permitió identificar a 17 nuevos implicados, hoy ya sujetos a proceso penal.
¿Qué papel juega una funeraria en el caso Ayotzinapa?
Dijeron que ello llevó a una línea de investigación relacionada con la funeraria Ángel, cuyo dueño, el empresario Rodolfo Rueda Mazon, era también concesionario de la operación del Servicio Médico Forense de Iguala y de la administración del panteón municipal.
“Como se observa, Rodolfo tenía el control, desde el levantamiento de un cuerpo, su identificación, la certificación de las causas de muerte, el resguardo de cuerpos, así como la autorización y destino de estos”, dijo Pazarán Álvarez.
Explicó que en agosto de 2025 se logró establecer que el 4 de octubre de 2014, Rodolfo Rueda Mazón usó el teléfono del estudiante Julio César Mondragón. “Este hallazgo fortaleció los indicios que vinculan al personal de las funerarias con la desaparición de los estudiantes”.
Agregó que con base en dichas evidencias se realizaron cateos tanto en las funerarias como en el Servicio Médico Forense, dónde se encontraron irregularidades de todo tipo, incluido el manejo de los restos humanos y documentación; incluso, hubo papeles oficiales firmados y sellados, pero en blanco.
“Con ello, una muerte violenta podría hacerse pasar como muerte natural, y un traslado podría documentarse con datos falsos; una inhumación podría quedar respaldada por un registro que no correspondía a la realidad”, destacó el funcionario.
Señaló que determinar si eso ocurrió para el caso Ayotzinapa y quienes intervinieron forma parte de la investigación. “Pero el hallazgo muestra que existían instrumentos que podían utilizarse para alterar el rastro documental de una persona fallecida”.
El funcionario señaló que derivado de ello se detuvo a Rodolfo, integrantes de su familia y funcionarios municipales, entre ellos el extitular del Semefo.
¿Qué otra línea de investigación hay en el tema Ayotzinapa?
Dijo que otra línea de investigación se relaciona con lo ocurrido en la barandilla; para ello se trabaja en la extradición a México de dos funcionarios municipales que están en Estados Unidos y en la de Tomás Zerón de Lucio, radicado en Israel.
Mientras que otra línea de investigación está relacionada con el uso de los teléfonos de los normalistas posterior a los hechos y nuevas búsquedas para dar con el paradero de los estudiantes.
En tanto, Arturo Medina Padilla dijo que en esta nueva etapa de la investigación (de octubre del año 2024 a septiembre del 2026) se han cumplimentado diversas órdenes de aprehensión y se han realizado detenciones de personas con distintos perfiles vinculados a los hechos.
Entre ellas se encuentran nueve policías municipales; ocho presuntos integrantes o colaboradores de grupos directivos; siete servidores públicos, entre ellos el exgobernador de Guerrero, Àngel Aguirre; la extitular del Tribunal Superior de Justicia, una visitadora del mismo tribunal y un médico; dos empresarios y cuatro civiles relacionadas con líneas de investigación específicas.
Dijo que todas estas acciones se han llevado a cabo en distintos momentos procesales y responden al fortalecimiento de las investigaciones, al cumplimiento de mandamientos judiciales y a la integración de nuevos elementos probatorios en términos institucionales.
“Estos datos reflejan resultados concretos, visibles y verificables obtenidos dentro del marco de la ley y del debido proceso y orientados a la búsqueda de la verdad y la justicia”, concluyó Medina Padilla.
