La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación en torno a un presunto esquema de fraudes orquestadas contra empresas, entre ella Grupo Herdez, mediante juicios laborales con los que se buscaban millonarios pagos de indemnización reclamados por personas con las que las empresa nunca tuvieron una relación contractual.
La FGR busca establecer si detrás de estos casos existió una operación coordinada para utilizar demandas laborales como mecanismo de presión contra empresas y determinar el grado de participación de quien o quienes pudieron intervenir en su preparación y ejecución.
Testimonio revela trama de corrupción
Uno de estos juicios inició en 2007 en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (hoy Fiscalía) misma que atrajo la FGR y en cuya carpeta de investigación obra el testimonio de una mujer que reveló parte de la trama corrupta.
Se trata de Irene León Escamilla, quien dijo ante el Ministerio Público que el procedimiento habría sido promovido desde el despacho de un abogado identificado como Humberto Cavazos Chena y presentado como un conflicto laboral que no correspondía a una relación real entre el supuesto trabajador y las empresas demandadas.
La mujer dijo que la estrategia era incrementar los conceptos de supuesta violación laboral y las cantidades reclamadas para generar presión sobre las empresas y buscar que aceptaran un acuerdo económico.
“Estábamos demandando de manera fraudulenta a empresas públicas”, declaró León Escamilla quien dijo que confirmó un caso de un hombre que nunca laboró en la empresa.
Aseguró que ella misma verificó el caso de Alfredo Jorge Colín Huerta, quien figuraba como parte de las demandas, y encontró que no había laborado para ninguna de las empresas morales involucradas.
La investigación ministerial incluye además referencias a acciones encaminadas a conseguir el embargo de cuentas de Grupo Herdez, luego de que la empresa se negara a atender las exigencias planteadas.
“Salí del lugar y me fue ordenado se realizaran las gestiones para en ese momento embargar las cuentas del grupo”, refiere la declaración.
La autoridad federal también deberá definir si los hechos pueden configurar delitos relacionados con la utilización de documentos apócrifos y la incorporación de información falsa dentro de un procedimiento judicial.
