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Los abogados de los militares acusados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Alejandro Robledo Carretero y César Omar González, afirmaron que la investigación en contra de los elementos castrenses está llena de irregularidades.
En conferencia de prensa, Robledo y González expusieron que las acusaciones son por delincuencia organizada, y no desaparición forzada.
Además, detallaron que las acusaciones están basadas en testigos protegidos cuyos dichos no han sido corroborados.
Los litigantes aseguraron que no es posible llegar a la verdad de lo ocurrido esa noche en Iguala politizando el caso y creando culpables sin una justificación sólida.
El lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que se quiera ‘castigar’ a todas las Fuerzas Armadas por la posible colaboración de militares en la desaparición de los estudiantes.
“Los que actuaron son quienes deben ser castigados, pero no todo el Ejército, ¿qué quieren? ¿que se debilite nuestro ejército? ¿en beneficio de quién?”, lanzó.
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Esto, según explicó, traería como consecuencia la injerencia extranjera en la defensa interior, como ocurrió en sexenios pasados.
El fin de semana, El País publicó que la Fiscalía General República canceló al menos 21 de las 83 órdenes de aprehensión de personas vinculadas con el caso Ayotzinapa. Los más impresionante y también lo más raro es que la mayoría de estas órdenes involucra a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Entre las órdenes canceladas figuran las de 16 militares, acusados de delincuencia organizada. Uno de los 16 es Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes normalistas, en septiembre de 2014. Los documentos obtenidos por este diario muestran que 15 de esos 16 militares, todos menos Hernández Nieto, estaban acusados también de desaparición forzada”, indica la investigación del diario.