Estados Unidos sancionó a la compañía estatal cubana de petróleo y gas, lo que podría frustrar un acuerdo para enviar combustible al sector privado de la isla, gobernada por el Partido Comunista, en medio de una grave crisis energética.
Unión Cuba-Petróleo, conocida como Cupet, fue añadida a la lista negra del Departamento del Tesoro el jueves, según las directrices actualizadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Cupet bombea los aproximadamente 40.000 barriles diarios de petróleo que Cuba produce, lo que cubre apenas dos quintas partes de las necesidades de la isla. También es responsable de las refinerías de Cuba, la distribución de combustible y gran parte de su infraestructura energética.
“Al igual que todos los recursos de la isla, la energía ha sido utilizada durante mucho tiempo como arma por el gobierno comunista de Cuba, como herramienta tanto de represión como de cleptocracia interesada”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado, y agregó que Cupet había “expropiado ilegalmente” activos de propiedad estadounidense hace años.
Dado que Cupet controla casi todas las gasolineras de Cuba, esta medida representa un obstáculo para las conversaciones entre una empresa comercial de Florida y las autoridades de Washington y La Habana, cuyo objetivo es enviar a la isla el mayor cargamento de combustible estadounidense desde la década de 1960.
Vanguard Energy anunció esta semana que está tomando medidas para exportar 250.000 barriles de diésel y gasolina, destinados exclusivamente al sector privado y no a entidades estatales. La compañía no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada el jueves.
Estados Unidos flexibilizó las restricciones en febrero para permitir la venta de combustible a empresas privadas cubanas, pero las sanciones del Cupet socavan esa política, según Michael Bustamante, director de estudios cubanos en la Universidad de Miami.
“Los actores del sector privado no tienen una flota propia de vehículos, ni pueden acudir al concesionario local de camiones cisterna para comprar los suyos”, declaró Bustamante por teléfono. Añadió que quienes se acogieron a la exención estadounidense para apoyar a las empresas privadas buscaron alternativas y, “al menos en algunos casos, alquilaron equipos a la única opción disponible, que es la petrolera estatal”.
Bustamante expresó su desconcierto ante las últimas sanciones, ya que se abrió una laguna legal para el sector privado con el fin de que las mercancías pudieran seguir circulando y evitar un colapso total. La medida del jueves “parece una reacción política apresurada para calmar la inquietud en el sur de Florida” sobre el acuerdo con Vanguard y su alcance histórico, dijo, dado que muchos en la comunidad cubana en el exilio “siguen hablando del sector privado entre comillas, como si no existiera”.
Rubio, sin embargo, culpó al gobierno cubano de las nuevas sanciones. Acusó a los dirigentes de La Habana de enriquecerse habitualmente revendiendo incontables barriles de energía escasa en el mercado secundario, acaparando suministros energéticos para sus fuerzas militares, de inteligencia y represivas, y racionando la energía como herramienta de control social.
Tras capturar a Venezuela, principal aliado de Cuba, a principios de año y cortarle el suministro de petróleo subsidiado, la administración del presidente Donald Trump ha impuesto un bloqueo petrolero de facto a la isla de 10 millones de habitantes. Salvo un petrolero ruso al que se le permitió el paso, Cuba no ha recibido un envío importante de combustible desde entonces, lo que ha paralizado muchas industrias y gran parte de la vida cotidiana.
Con la esperanza de poner fin a casi siete décadas de gobierno de partido único, el equipo de Trump ha aumentado progresivamente las sanciones, presentando cargos de asesinato contra el líder revolucionario Raúl Castro el mes pasado y añadiendo al presidente Miguel Díaz-Canel a la misma lista negra del Tesoro que Cupet la semana pasada.
