Trece de los 92 presuntos narcotraficantes que fueron trasladados de México a Estados Unidos entre 2025 y 2026 iniciaron gestiones para buscar su repatriación y enfrentar en territorio mexicano los procesos judiciales que tengan pendientes.
La solicitud fue presentada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por el abogado Marco Antonio Avilés Huerta, quien promovió la asistencia consular para un grupo de acusados que actualmente se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
Entre quienes solicitaron el apoyo de la Cancillería se encuentran Jesús Alberto Galaviz Vega, “El Z-13”; Juan Pedro Saldívar Farías, “El Z-27”; Miguel Ángel Rodríguez Díaz, “El Alfa Metro”, y Ramiro Pérez Moreno, “El Rama”, señalados como presuntos integrantes de Los Zetas.
A ellos se suman Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, y Carlos Alberto Monsivais Treviño, “La Bola”, vinculados al Cártel del Noreste, organización criminal con presencia principalmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y considerada heredera de Los Zetas.
El litigante informó que también promovió la solicitud para otros siete presuntos narcotraficantes trasladados a Estados Unidos, aunque no dio a conocer sus identidades.
Sheinbaum envía a 92 narcos a EU
La petición de asistencia consular se produce después de que 92 presuntos integrantes de organizaciones criminales fueron enviados de México a Estados Unidos entre 2025 y 2026.
Entre los casos más relevantes se encuentran los de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40”, y Omar Treviño Morales, “El Z-42”, antiguos líderes de Los Zetas, quienes también fueron trasladados a territorio estadounidense durante el periodo referido.
De acuerdo con la información presentada por la defensa, los 13 solicitantes forman parte de ese grupo de personas entregadas a las autoridades de Estados Unidos y actualmente sujetas a procesos judiciales en ese país.
¿Por qué los narcos piden ser repatriados?
La solicitud presentada ante la SRE busca que los acusados sean trasladados nuevamente a México para enfrentar aquí los procedimientos judiciales.
Según lo expuesto por su defensa, la intención es que las autoridades mexicanas analicen la posibilidad de juzgarlos en territorio nacional por los hechos que correspondan a la jurisdicción mexicana.
El trámite promovido ante la Cancillería consiste en una petición de asistencia consular y, de acuerdo con el abogado, no implica una revisión de las decisiones tomadas por el Gabinete de Seguridad respecto a los traslados realizados.
La defensa adelantó que, en caso de no obtener una respuesta favorable, podría recurrir a otros mecanismos legales tanto en México como ante instancias internacionales.
