La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena determinó la suspensión de derechos partidistas de la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, señalada de haber simulado su secuestro para ocultar un presunto desfalco de 40 millones de pesos al municipio.
De acuerdo con el comunicado difundido por la CNHJ, la medida forma parte de un proceso interno derivado de la investigación en curso contra la alcaldesa de Tenancingo, quien es acusada de haber incurrido en conductas contrarias a la normativa interna del partido.
“Derivado de la investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en contra de la C. Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, por su presunta responsabilidad en la comisión de actos delictivos... esta Comisión considera que existen elementos que constituyen infracciones a los Documentos Básicos de nuestro Partido-Movimiento, por lo que se ha determinado iniciar un Proceso Sancionador de Oficio”, se lee en el documento.
La Comisión señaló que, a raíz del caso, se establecieron las siguientes medidas cautelares:
- La suspensión de sus derechos partidarios.
- Y la separación del cargo como presidenta del Consejo Estatal de morena del Estado de México.
“En morena no existe la tolerancia frente a conductas que contravengan los principios que dieron origen a nuestro movimiento”, agregó la CNHJ.
La historia del falso secuestro de la alcaldesa de Tenancingo
Nápoles Pacheco es acusada por las autoridades mexiquenses de fingir su propio secuestro junto con un grupo de cómplices para pedir un rescate de 40 millones de pesos, monto que coincidiría con un presunto faltante en las finanzas del municipio.
De acuerdo con la investigación, el pasado 31 de mayo la edil reportó haber sido interceptada por un grupo armado afuera de su domicilio en Tenancingo, cuando viajaba a bordo de su vehículo, y posteriormente privada de la libertad.
De acuerdo con su declaración, al sitio llegó un vehículo rojo con dos hombres y una mujer; uno de ellos descendió armado, la obligó a bajar de su automóvil y la subió a la unidad en la que viajaban sus presuntos captores.
Posteriormente, habría sido trasladada a la comunidad de San Pedro Zictepec, en el municipio de Tenango del Valle.
No obstante, las autoridades señalaron que los análisis de videovigilancia no muestran indicios de violencia durante el presunto “levantón” y que existen inconsistencias en la versión inicial presentada por la alcaldesa ante el Ministerio Público.
La Fiscalía sostiene que el “falso” secuestro habría sido planeado con ayuda de José Roberto ‘N’ y Óscar ‘N’, esposo y hermano de la funcionaria, respectivamente, quienes aún están prófugos. Además, tres de sus presuntos cómplices ya fueron detenidos en Oaxaca: Karla Valeria ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y Christian ‘N’.
Las indagatorias refieren que la presidenta municipal y sus presuntos captores habrían decidido suspender el plan al percatarse de la movilización policial para localizarla. Los detenidos habrían dejado a la funcionaria en el paraje conocido como ‘El Capulín’, en Tenancingo, para simular que había escapado.
El 1 de junio, la alcaldesa acudió ante el Ministerio Público de la región sur del Estado de México para denunciar el supuesto secuestro. En su declaración afirmó que logró escapar, que pidió ayuda telefónica a su esposo y que sus presuntos secuestradores pretendían asesinarla junto con su madre, hermana y sobrino, además de exigir un rescate millonario.
Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México concluyeron que la propia alcaldesa habría participado en la planeación y ejecución del presunto secuestro.
De comprobarse su participación en el secuestro simulado, la alcaldesa de Tenancingo podría alcanzar una pena de hasta 16 años de prisión, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Alcaldesa de Tenancingo niega ‘autosecuestro’ y acusa manipulación de pruebas
A través de un video publicado en sus redes, Nápoles Pacheco rechazó las acusaciones en su contra y afirmó que se trata de una investigación basada en “manipulación de pruebas” y un intento de desacreditarla políticamente.
“En todas estas acciones existe un propósito político para desacreditarme como persona, como mujer y como servidora pública en mi carácter de presidenta municipal del municipio de Tenancingo (...) Exijo que las autoridades competentes procedan en su investigación hasta sus últimas consecuencias, afirmó la funcionaria.
La presidenta municipal de Tenancingo denunció que ofreció las pruebas que le solicitó a la fiscalía estatal y que recibió un “trato discriminatorio y de manipulación”.
Aseguró tener pruebas de que detrás de la investigación en su contra están “subalternos que operan en el territorio y que están bajo las órdenes directas de la Secretaría General de Gobierno de nuestro estado”.
“Reitero (...) mi disposición de colaborar como hasta hoy y para el esclarecimiento de estos hechos, para que se castigue a los verdaderos culpables”, dijo.
Asimismo, la alcaldesa negó rotundamente la acusación de desfalco y pidió al órgano de fiscalización “que compruebe que no existe tal hecho, que el municipio está financieramente sano”.
Con información de Ricardo Guadarrama / Corresponsal y EFE.







