Salvador “N”, presunto operador del cártel Guerreros Unidos y líder del brazo armado “Los peques” fue detenido el pasado 3 de mayo, informó este jueves el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía.
El inculpado ha sido señalado como presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
Salvador ya contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada por lo que gracias a la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia con la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR) fue aprehendido en Jardines de Cuernavaca en Morelos.
Además, participaba en actividades de secuestro y extorsión contra comerciantes y locatarios en el municipio de Iguala en Guerrero. Por ahora se encuentra en vinculación a proceso.
Guerreros Unidos en caso Ayotzinapa
De acuerdo con la verdad histórica proporcionada por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, los 43 estudiantes detenidos la noche del 26 de septiembre por órdenes del presidente municipal de Iguala José Luis Abarca, fueron entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos.
Dos de los integrantes confesaron días después que el líder de la organización, Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, había ordenado ejecutarlos bajo la premisa de que entre ellos se encontraban infiltrados de la célula rival conocida como “Los rojos”.
De otras declaraciones de miembros del cártel que fueron torturados, se obtuvo que los jóvenes fueron asesinados y luego incinerados en el basurero municipal de Cocula. Sin embargo, las familias rechazaron esta versión por carecer de sustento técnico y científico.
Casi un año después de la desaparición, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, presentó un informe con pruebas que contradicen la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto.
A finales de marzo de 2022, los expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentaron un nuevo informe en donde señalan que la Marina de México fue parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior al crimen y que se encontraba operando en el lugar de los hechos horas antes de ser acordonado.
Hasta septiembre de 2021, ocho personas relacionadas con el caso habían sido detenidas.