La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales, luego de detectar operaciones financieras con elementos de riesgo que ameritan ser investigadas por las autoridades competentes. Entre esas personas estaría Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, como resultado de sus análisis financieros, incorporó a estas 40 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades.
La dependencia precisó que el bloqueo es una medida preventiva y administrativa, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad sobre las personas involucradas, donde estaría incluida la propia Guadalupe Taddei, que renunció a su cargo en el INE tras las polémicas relacionadas con la entrega de contratos.
Asimismo, señaló que los afectados cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia establecidos en la legislación, en respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
La UIF sostuvo que continuará con las labores de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como con la coordinación con las autoridades competentes.
Auditoría Superior halla ‘irregularidades históricas’ en el INE
Las acusaciones de Hacienda por las irregularidades del INE vienen luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hallara “irregularidades históricas” en el ejercicio del gasto público del instituto.
La autoridad explicó en un comunicado que está en proceso de una auditoría integral al INE y a los organismos públicos locales electorales (OPLEs), luego de reportes relacionados con presuntos conflictos de interés en licitaciones y contratos, como pasó con el caso del empresario José Alfredo Hernández, ligado a la familia de Guadalupe Taddei.
Los trabajos de inteligencia y el análisis de información requerida a las entidades federativas “advierten la comisión de múltiples irregularidades históricas en el ejercicio del gasto público”, explicó la ASF.
