:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elfinanciero/2EB6PLWJIBAN7AWSLYZM7CCPCU.jpeg)
Los gaseros industriales que operan en el país están bajo la lupa de la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por posibles prácticas monopólicas.
La comisión publicó esta mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que la investigación estará enfocada en toda la cadena operativa del sector, es decir, en la integración, instalación, mantenimiento y comercialización de equipos, accesorios y refacciones.
“El objeto de la indagatoria es un posible acuerdo anticompetitivo respecto de la infraestructura necesaria para aprovechar los gases industriales, los cuales se utilizan en diversos sectores, tales como el energético, el de salud, la industria alimentaria y química, así como la construcción y producción de electrónicos avanzados, por mencionar algunos”, detalló la comisión.
La autoridad investigadora, dirigida por Sergio López Rodríguez, afirmó que la investigación no debe entenderse como prejuzgamiento sobre la responsabilidad de los agentes económicos involucrados, ya que hasta el momento no se han identificado violaciones a la normatividad en materia de competencia económica.
El plazo para esta indagatoria es de hasta 120 días hábiles, contados a partir del 25 de junio de 2021, fecha en la que dio inicio la investigación, aunque este periodo podría ser ampliado por el mismo lapso hasta en cuatro ocasiones.
En caso de que existan fundamentos que indiquen una violación a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), quienes resulten probables responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.
Conforme a la LFCE, de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían ser multados hasta con el 10 por ciento de sus ingresos.
En caso de que el Pleno acredite un caso de reincidencia, la multa podrá imponerse hasta por el doble del monto que corresponda.
“También podrían ser sancionados económicamente quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la realización de estas prácticas. Las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores podrían ir a prisión, de conformidad con el Código Penal Federal, hasta por 10 años”, indicó la comisión.