La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este lunes sobre la detención de Arturo “N”, señalado como probable responsable del transfeminicidio de Paola Buenrostro, ocurrido en 2016.
El hombre fue localizado y aprehendido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la colonia El Tráfico, en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, casi una década después de que un juez girara una orden de captura en su contra.
De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la investigación para ubicarlo incluyó distintas líneas de trabajo y diligencias de campo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Las autoridades también solicitaron apoyo a la Fiscalía General del Estado de Baja California para verificar posibles ubicaciones del imputado.
Arturo “N” era buscado desde 2016
Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 30 de septiembre de 2016. Según la investigación de la Fiscalía, Paola abordó el automóvil de Arturo “N”, quien había contratado sus servicios como trabajadora sexual.
Momentos después, Paola pidió auxilio a sus compañeras. Al aproximarse al vehículo, las mujeres la encontraron inconsciente en el asiento del copiloto, mientras que el entonces imputado presuntamente sostenía un arma de fuego. Paola murió debido a las heridas provocadas por los disparos.
La investigación señaló desde entonces la probable participación de Arturo “N”. El 19 de octubre de 2016, un juez emitió una orden de aprehensión en su contra; sin embargo, el hombre permaneció prófugo durante años.
Ante la imposibilidad de localizarlo, en abril de 2023 la Fiscalía capitalina anunció una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que permitiera encontrarlo y detenerlo.
Finalmente, las labores de investigación llevaron a los agentes hasta Nicolás Romero, donde concretaron la aprehensión este 31 de agosto.
El caso de Paola marcó el reconocimiento del transfeminicidio
El asesinato de Paola Buenrostro se convirtió en un caso emblemático para la comunidad trans y para la exigencia de una investigación con perspectiva de género.
La entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoció el caso como el primer transfeminicidio documentado por una autoridad capitalina. En su Recomendación 02/2019, señaló diversas irregularidades en la investigación inicial.
Entre ellas se encontraban la falta de reconocimiento de la identidad de género de Paola y actos de victimización secundaria contra una de sus compañeras, quien no fue reconocida inicialmente como parte de su familia social ni como víctima indirecta.
La Fiscalía aceptó la recomendación y en 2021 ofreció una disculpa pública a la memoria de Paola y a su familia social.
La exigencia de justicia mantenida durante años por sus compañeras, familiares y organizaciones de la comunidad trans también contribuyó al impulso de la llamada Ley Paola Buenrostro.
¿Qué establece la Ley Paola Buenrostro?
En agosto de 2024, la Ciudad de México incorporó el transfeminicidio al Código Penal local mediante una reforma que también modificó disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía y de la Ley de Víctimas.
La legislación contempla penas de 35 a 70 años de prisión para quienes sean encontrados responsables de este delito, con posibilidad de que la sanción aumente bajo determinadas circunstancias.
Entre los factores considerados se encuentran que el crimen ocurra en un contexto de trabajo sexual, que exista saña relacionada con la identidad o expresión de género, que intervengan dos o más personas o que la víctima haya recibido amenazas de muerte vinculadas con su identidad o expresión de género.
Tras la detención de Arturo “N”, la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, sostuvo que la captura representa un paso para que el caso avance ante los tribunales y reconoció la lucha de la familia social y de la comunidad trans para mantener vigente la exigencia de justicia.
La Fiscalía señaló que continuará con el proceso correspondiente bajo perspectiva de género.
Arturo “N” mantiene la calidad de probable responsable y se presume inocente mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.
