La industria automotriz de América Latina busca reorganizarse frente a la presión del comercio global, la transición energética y el avance de nuevos competidores internacionales. Desde Quito, organismos empresariales y fabricantes de la región acordaron una agenda común para fortalecer la integración comercial, modernizar el parque vehicular y reducir las barreras que frenan el crecimiento del sector.
En el marco del Congreso Latinoamericano Automotriz CLAM 2026, asociaciones de distribuidores y fabricantes firmaron la llamada Declaración de Quito 2026, un acuerdo regional que plantea coordinar políticas públicas y estrategias de competitividad para la industria automotriz latinoamericana.
Entre los firmantes se encuentran la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) y la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), organismo que agrupa a representantes de 18 países.
De acuerdo con los organismos, la Declaración de Quito pone sobre la mesa uno de los principales retos de la región: construir mercados automotores más formales y competitivos marcados por mayores costos fiscales, envejecimiento vehicular y una creciente competencia internacional.
El documento firmado en Quito, Ecuador señala que la integración comercial entre los países latinoamericanos constituye un factor estratégico para el desarrollo socioeconómico de la región y la competitividad de la industria automotor.
La agenda regional contempla impulsar la reducción de aranceles y eliminar barreras no arancelarias que dificultan el comercio formal entre países, además de promover regímenes tributarios “razonables, coherentes y previsibles” para facilitar la renovación vehicular.
Para las organizaciones firmantes, las cargas fiscales elevadas limitan el acceso de consumidores y empresas a vehículos con tecnologías más eficientes y menores emisiones, lo que retrasa la modernización de las flotas en la región.
El acuerdo también endurece la postura del sector frente a la importación de vehículos usados y la comercialización de unidades nuevas sin representación oficial de las marcas, prácticas que —afirman— afectan la seguridad vial, reducen la recaudación fiscal y generan competencia desleal para fabricantes y distribuidores formales.
Otro de los ejes centrales de la Declaración de Quito es acelerar la renovación del parque automotor mediante incentivos fiscales y financieros para la adquisición de vehículos nuevos, particularmente unidades con mayores estándares de seguridad y menores emisiones contaminantes.
Asimismo, se propuso fortalecer programas de chatarrización y descarte vehicular de las unidades al final de su vida útil para reducir la antigüedad promedio de las flotas en América Latina, una de las más altas entre mercados emergentes.
En materia de movilidad, el documento Declaración de Quito también respalda el desarrollo de sistemas de transporte público formales y de bajas emisiones, articulados con soluciones de movilidad individual bajo una lógica integrada de transporte urbano e interurbano.
Por la representación de la industria en México, la declaración fue suscrita por Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA; Odracir Barquera, director general de la AMIA y Alejandro Osorio, director de Asuntos Públicos y Comunicación de la ANPACT, quienes coincidieron en que la coordinación regional será clave para sostener la competitividad de la industria automotriz latinoamericana en los próximos años.
