Nadie advirtió a tiempo sobre las irregularidades en las licitaciones del INE. Durante más de una década, cinco empresas habrían operado un esquema para defraudar al instituto por 8 mil 870 millones de pesos, reveló Aureliano Hernández, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El Órgano Interno de Control del INE también detectó el modus operandi, reconoció su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras. Sin embargo, el caso se expuso cuando surgió el presunto conflicto de interés de Guadalupe Taddei.
Aureliano Hernández explicó que, en las licitaciones del INE y los Organismos Públicos Locales (Oples), las empresas fingían competencia, pues estaban bajo el control administrativo de las mismas personas.
Una vez que ganaban los contratos, subcontrataban a otra de las empresas que participaban en el concurso de licitación, explicó durante la entrega del Segundo Paquete de Informes de las auditorías a la Cuenta Pública 2025.
Modus operandi de la red de corrupción en el INE
“La empresa ganadora subcontrata a una de las que participan en los procesos de licitación y forman parte de los grupos señalados”, señaló Aureliano Hernández ante los diputados.
Además, las empresas ganadoras no tenían la capacidad para cumplir con los contratos por la falta de empleados e infraestructura.
“Detectamos registros laborales reducidos o nulos; es decir, empresas que, a pesar de facturar cientos de millones, cuentan con menos de 5 trabajadores, y en algunos casos ninguno”, continuó.
El esquema no se habría logrado sin conexiones con servidores públicos. Al igual que otros casos de corrupción, la red detectada en el INE necesitó del contubernio entre servidores públicos y las empresas beneficiadas a costa de los recursos públicos.
“Identificamos redes de vínculos entre ambos grupos y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas empresas”, reconoció el titular de la ASF.
¿Qué detectó el OIC del INE?
En una comparecencia, también en la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del OIC del INE, aseguró que se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves contra cinco personas, pero reservó su identidad.
Afirmó que las primeras irregularidades detectadas ocurrieron en mayo de 2025. Ante los cuestionamientos sobre por qué no advirtió a las autoridades, Carvente Contreras no emitió un posicionamiento.
Sin embargo, entre 2014 y 2025, cinco empresas con vínculos entre sí y bajo una simulación de competencia recibieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos en diferentes licitaciones.
Con información de Víctor Chávez.
