La conductora de televisión Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, luego de permanecer prófuga cinco años tras ser acusada de presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de la conductora mexicana y señaló que cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.
El esposo de Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez Puga, fue detenido el año pasado en un centro de procesamiento de migrantes en Miami, Florida, de acuerdo con una ficha de detención publicada por el gobierno estadounidense.
El documento decía que el empresario estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), por su situación irregular, y habría sido retenido desde el 24 de septiembre.
La detención del esposo de Inés Gómez Mont estaría relacionada con problemas en su estatus migratorio. Sin embargo, también es buscado por autoridades mexicanas por los delitos de desvío de recursos públicos por cifras millonarias, así como la creación de empresas fantasma para lavar dinero.
Tras la detención de Inés Gómez Mont, aquí te decimos qué sabemos sobre su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.
¿Quién es Víctor Manuel Álvarez Puga?
Al abogado y empresario, Víctor Manuel Álvarez Puga, se le relaciona con delitos como el desvío de recursos públicos por cifras millonarias, así como la creación de empresas fantasmas relacionadas con el lavado de dinero.
Álvarez Puga mantuvo un perfil bajo, pero no fue suficiente y ahora está bajo custodia en Miami, Florida, en el Centro de Procesamiento de Servicios de Krome North.
Antes de los problemas legales de Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont, él trabajó junto a su hermano Alejandro, con quien fundó el despacho Álvarez Puga y Asociados, una firma de abogados y contadores especializada en materia tributaria, que llegó a tener presencia en más de 45 ciudades de México.
Esto lo llevó a trabajar con políticos mexicanos, como Miguel Ángel Osorio Chong, durante su administración como secretario de Gobernación.
La firma de abogados comandada por Álvarez Puga tuvo clientes como las franquicia de comida rápida Subway y Wendy’s.
Según The New York Times, tanto Víctor como Alejandro trabajaron en un negocio de comida familiar antes de fundar su despacho.
¿En dónde está Víctor Manuel Álvarez Puga?
El arresto de Álvarez Puga se dio el 24 de septiembre de 2025 tras una revisión a su estatus migratorio por parte de las autoridades estadounidenses, quienes determinaron que se encontraba de forma irregular en el país.
De acuerdo con el expediente judicial, el esposo de Inés Gómez Mont ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 con una visa que vencía el 13 de julio del mismo año.
El 9 de julio salió hacia Las Bahamas y regresó un día después por vía marítima, sin abordar el vuelo programado del 21 de julio.
En 2022 presentó una solicitud de asilo que hasta la fecha permanece sin resolución. Desde su detención permanece bajo custodia en el Krome North Service Processing Center, en el condado de Miami-Dade.
Tras su detención, autoridades mexicanas pidieron su extradición al país; sin embargo, desde octubre del año pasado se mantiene en el limbo este proceso.
¿Cuáles son las acusaciones que enfrenta en México?
Álvarez Puga tiene un proceso judicial activo en México, en donde enfrenta acusaciones en su contra por diversos delitos federales.
En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en delitos relacionados con la delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.
De acuerdo con información oficial, el despacho Álvarez Puga & Asociados habría formado parte de una red de empresas que simularon servicios para el gobierno federal durante la administración de Miguel Ángel Osorio Chong en la Secretaría de Gobernación. El monto del presunto desfalco asciende a 2 mil 950 millones de pesos.
La FGR sostiene que los recursos fueron desviados mediante contratos fraudulentos asignados a compañías fantasma vinculadas al abogado y su hermano.
