El gobierno federal debe mostrar y actuar con mayor contundencia y eficacia en el combate a los políticos y empresarios vinculados al huachicol fiscal, sean del partido que sean, demandó el vicecoordinador del grupo parlamentario mayoritario morenista en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar.
“Hay que cambiar de estrategia”, dijo a El Financiero, y explicó que “no solo se debe quedar en poner en el centro a los que introducen los petrolíferos declarados como aceites para no pagar el IEPS que se debe de pagar, sino también a los compradores, que están en alrededor de 70 gasolineras muy bien ubicadas, en varias empresas mineras, que se sabe cuáles son, y hasta en las empresas que hacen obras en estados y municipios, que necesitan el combustible y que recurren al mercado negro”.
Uno de los políticos de izquierda y legisladores federales más cercanos al círculo de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, alertó que “es necesario y urgente el diseño de una verdadera política de Estado para combatir y destruir, verdaderamente, a esa ‘casta dorada’ de políticos y empresarios criminales; es fácil ubicarlos y erradicarlos, del partido que sean”.
Ramírez Cuéllar planteó que, “a pesar de los avances y resultados logrados con la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum y la estrategia y decisión del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los esfuerzos no son suficientes”.
El legislador federal zacatecano consideró también que “se requiere de una mayor coordinación y colaboración con el gobierno de Estados Unidos”, y opinó que “se debe aprovechar la coyuntura de que legisladores demócratas y republicanos están discutiendo una ley en el Congreso de Estados Unidos, y nosotros también propondremos una iniciativa de reformas”.
Explicó que esta iniciativa contendrá diversas modificaciones al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Extinción de Dominio y a la Ley en Materia de Robo de Combustible.
Sobre los anuncios que se han hecho de detenciones, decomisos y de denuncias en contra de algunas gasolineras y empresas, comentó que “las sanciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de otras autoridades son insuficientes, los que recurren el mercado negro deben ser evidenciados y puestos en la mira”.
Insistió también en que, “para lograr esa contundencia y eficacia, además de una política de Estado, se requiere y se obliga a las instituciones a actuar con mayor coordinación, tanto entre Petróleos Mexicanos, el SAT, Hacienda y los jueces abocados al proceso de extinción de dominio, como entre las autoridades de México y Estados Unidos, en una especie de coadministración de las aduanas para ubicar a los que introducen, pero también a los que compran en México”.
