La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó por cuatro meses e impuso una multa de 236 mil 527 pesos a las empresas Soluciones Militares Tácticas Superior, S.A. de C.V., y West Armor, Inc., por incumplir una licitación de la Secretaría de Marina.
A través de una tarjeta informativa, la dependencia informó su determinación por el incumplimiento del contrato número D.G.ADMÓN.SAE-291/F/2022.
Las sanciones contra ambas empresas se publicaron este martes 14 de abril en el Diario Oficial de la Federación y se inscribieron en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que “impide participar en nuevas contrataciones del Gobierno de México”, explicó la Secretaría encabezada por Raquel Buenrostro.
La resolución del DOF establece que las sanciones también aplican a Anakaren García Sifuentes y Luis Aguirre León, representantes de las compañías.
Dentro del proceso legal, las corporaciones tienen la posibilidad de impugnar la determinación de la dependencia, pero “en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público”.
Apuntó que las empresas sancionadas recibieron notificación el 27 de enero de 2026 y este día se hizo pública la determinación de las autoridades.
¿Qué productos debían surtir las empresas a la Marina, según el contrato D.G.ADMÓN.SAE-291/F/2022?
El contrato que incumplieron las empresas consistía en proveer material no letal antimotines para la Policía Militar.
Se contemplaba la entrega de 2.8 millones de proyectiles de gas lacrimógeno, gas irritante con capsaicina, municiones de humo y municiones de marcaje.
En total, se destinaron 325 millones de pesos para la adquisición de estos productos, monto que se dividió entre las empresas, aunque no se precisa cuánto corresponde a cada una.
De acuerdo con la sanción, la inhabilitación de las empresas y de sus representantes podría extenderse si no cubren la multa impuesta.
En este contexto, la dependencia invitó a las instituciones federales, estatales y municipales a abstenerse de recibir propuestas o celebrar contratos con las empresas, ante el riesgo de incumplimientos que generen daño al erario público. Los contratos en curso no se verían afectados por esta medida.
Por último, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró su compromiso con la legalidad y la integridad en las compras públicas; recordó a las empresas que “incumplir contratos públicos tiene consecuencias”.
Esta medida forma parte de una estrategia del gobierno federal para mantener sanas las finanzas públicas y prevenir fraudes con falsos proveedores.
