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No se debe confundir legitimación con popularidad, sostiene la ministra Norma Piña

Para la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, el trabajo de los juzgadores no está enfocado en ser populares entre la población, sino trabajar por la ley.

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, señaló que no es la labor de la judicatura buscar ser populares entre la población.

Durante la ceremonia del 25 aniversario del Instituto Federal de Defensoría Pública, este lunes, la ministra Norma Piña, quien también es la titular del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que las entidades públicas se deben adaptar constantemente a la ciudadanía.

Sin embargo, afirmó que “en el camino, en la evolución y adaptación de nuestra Institución a las exigencias ciudadanas, no debemos confundir legitimación con popularidad. Eso nunca ha estado —ni debe estar— en nuestra misión axiológica, en nuestros valores institucionales”.

En este sentido, Piña Hernández señaló que las instituciones están sujetas a la constante aprobación y, consecuentemente, a la legitimación social.

Al respecto, la ministra sostuvo que “la búsqueda institucional de legitimación social tiene una brújula muy clara y definida: el mandato que la Ley da a la propia institución”.

¿Cómo llegará el reconocimiento de los ciudadanos a la Corte?

Durante su discurso, la ministra presidenta de la Corte insistió en que las entidades públicas se deben de apegar a realizar sus obligaciones, dejando de lado la popularidad que se puede obtener por sus acciones o por sus decisiones.


“Es muy importante distinguir entre la necesaria legitimación social que requieren las instituciones públicas, del uso de las instituciones públicas como un medio para obtener aprobación social. La diferencia podría parecer sutil, pero no lo es”, expuso.

Por otro lado, Piña Hernández aseveró que este reconocimiento por parte de los ciudadanos vendrá si los organismos realizan su trabajo en beneficio de ellos.

“No habrá confianza, aceptación ni credibilidad ciudadana si el actuar de la institución pública no se traduce en acciones concretas que redunden en un beneficio social”, señaló.

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