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El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el decreto por el que se modificaron la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Estas normas, que son parte del Plan B electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron reclamadas por el órgano electoral al sostener que afectan su labor en la organización de las elecciones en el país.
Ahora, las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como el titular del Poder Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación, tienen 30 días hábiles para presentar su contestación ante esta impugnación.
¿Qué propone el Plan B de la reforma electoral?
De acuerdo con lo aprobado por ambas cámaras, el plan ‘B’ de la reforma electoral queda de la siguiente manera:
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ahora indica que se eliminan las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, lo cual podría poner en riesgo al padrón electoral. También se obliga a que los consejeros del INE ganen menos que el presidente de la República, entre otros cambios.
Las modificaciones a la Ley General de Partidos Políticos señalan que autoridad electoral no puede intervenir en la elección de líderes de partido, ni en las modificaciones de los documentos básicos de los partidos políticos. Además, se indica que los partidos pueden usar los remanentes de sus recursos públicos y privados en siguientes ejercicios fiscales.
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Con el Plan B también fueron reformadas la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Los partidos opositores han criticado esta reforma electoral y recientemente informaron que preparan una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La alianza opositora, conformada por PRI, PAN y PRD, incluso ha afirmado que este Plan B de Morena fue porque “quieren robarse la elección de 2024″.
El consejero electoral Ciro Murayama ha explicado que si antes del 2 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspende la aplicación de la reforma electoral, se podría hacer la elección de 2024 tal y como se conoce.