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Karla María Macías Lovera, jueza novena de Distrito con residencia en Guanajuato, mantuvo la suspensión definitiva para que la Guardia Nacional (GN) no pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDENA había pedido que se levantara el freno argumentando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había validado la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.
Sin embargo, Macías Lovera expuso dentro de su resolución que la decisión que tomó la Corte estaba no está relacionada con su decisión.
Según la juzgadora, el amparo fue tramitado por la organización Uniendo Caminos México contra las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional, y de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y no contra el decreto presidencial.
En el amparo, la jueza ordenó que “las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional suspendan de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales”.
Para esto, hizo un llamado al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez, para que no se lleven a cabo las transferencias de recursos de una secretaría a otra.
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Además, rechazó que con esta decisión se esté afectando al funcionamiento de la Guardia Nacional, ya que consideró que lo único que se está haciendo es mantener su operación como está establecido en la ley.
“Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, aseguró.
Suspensión de la incorporación de la Guardia Nacional a Sedena no es definitivo, según experto
La suspensión definitiva con la que se frenó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se dio en lo que se resuelve el fondo del asunto, aseguró Fernando Ojesto, profesor de la UNAM.
En entrevista con EL FINANCIERO, el académico explicó que esta es una medida que otorgó la jueza federal Karla María Macías para evitar que se presenten daños irreparables.
Dijo que el gobierno aún puede impugnar la decisión y sería el mismo tribunal que levantó la suspensión provisional previa el que tendría que resolver el asunto.