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Niegan amparo a Rosalinda González, acusada de lavado de dinero

La esposa de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, seguirá en prisión el proceso penal en su contra.

Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), seguirá en prisión el proceso penal que se inició en su contra por el delito de lavado de dinero.

Lo anterior luego de que un Tribunal Colegiado confirmó la resolución del 16 de noviembre de 2021, mediante la cual un juez de Distrito le impuso a González Valencia la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

En su momento el Juez resolvió lo anterior, luego de González Valencia, de manera injustificada, no atendió dos citatorios que se le hicieron el 5 y 7 de septiembre de 2018 para resolver una autorización para obtener una muestra de voz.

Además, la mujer no atendió su obligación de presentarse los días jueves ante el órgano jurisdiccional que sustancia el proceso.

La defensa de Rosalinda González calificó de excesiva la decisión por lo que la impugnó.

Dijo que “si bien la imputada incumplió con la obligación de presentarse periódicamente ante el órgano jurisdiccional a firmar el libro correspondiente, no ameritaba la imposición de la medida “más restrictiva”.

Consideró que la prisión preventiva debe ser utilizada sólo cuando las otras medidas sean inadecuadas.


Al revisar la apelación, el Tribunal consideró infundados los agravios, toda vez que el juez actuó de forma legal al modificar las medidas cautelares para “evitar que continúe la paralización del procedimiento y la posible sustracción de la imputada”.

Puntualizó que al tomar en cuenta que a González Valencia le habían sido impuestas diversas medidas cautelares, como la exhibición de una garantía económica, la presentación periódica en el órgano jurisdiccional y la prohibición para salir del país, sin autorización, para otorgarle la oportunidad de enfrentar su proceso en libertad.

El Tribunal agregó que González Valencia desatendió de manera injustificada las citaciones y mandatos que las autoridades investigadora y jurisdiccional le hicieron de forma ajustada a derecho.

Con ello, ocasionó un retraso de tres años en la investigación, lo que da cuenta que las medidas cautelares no lograron cumplir el objetivo.