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Los abogados del expresidente Donald Trump pidieron el lunes a un juez federal que suspenda la revisión del FBI de los documentos recuperados de su patrimonio en Florida a principios de este mes hasta que se pueda designar a un maestro especial neutral para inspeccionar los registros.
La solicitud se incluyó en una demanda federal, la primera presentación del equipo legal de Trump en las dos semanas posteriores a la búsqueda, que apunta a la investigación del FBI sobre el descubrimiento de registros clasificados en Mar-a-Lago y que presagia los argumentos de sus abogados. se espera que hagan a medida que avanza la investigación.
Se produce cuando The New York Times informó que el gobierno ha recuperado más de 300 documentos marcados como clasificados de Mar-a-Lago desde que Trump dejó el cargo, incluidos más de 150 recuperados por los Archivos Nacionales en enero, un número que ayudó a desencadenar la investigación criminal.
La demanda presenta la búsqueda del 8 de agosto, en la que el FBI dijo que recuperó 11 conjuntos de documentos clasificados de Mar-a-Lago, como un “movimiento sorprendentemente agresivo”. También ataca la orden como demasiado amplia, sostiene que Trump tiene derecho a una descripción más detallada de los registros incautados de la casa y argumenta que el FBI y el Departamento de Justicia lo han tratado “injustamente” durante mucho tiempo.
“La aplicación de la ley es un escudo que protege a Estados Unidos. No se puede utilizar como arma con fines políticos”, escribieron los abogados el lunes. “Por lo tanto, buscamos asistencia judicial luego de una redada innecesaria y sin precedentes” en Mar-a-Lago.
En una declaración separada, Trump dijo que “TODOS los documentos han sido desclasificados previamente”, aunque no ha presentado pruebas para respaldar esa afirmación, y describió los registros como “incautados ilegalmente de mi casa”. El Departamento de Justicia respondió en una escueta declaración de tres oraciones señalando que la búsqueda había sido autorizada por un juez federal después de que el FBI presentara una causa probable de que se había cometido un delito.
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La presentación solicita el nombramiento de un maestro especial no relacionado con el caso que se encargaría de inspeccionar los registros recuperados de Mar-a-Lago y dejar de lado aquellos que están cubiertos por el privilegio ejecutivo, un principio que permite a los presidentes retener ciertas comunicaciones del público.
En algunos otros casos de alto perfil, incluidas las investigaciones que involucran a Rudy Giuliani y Michael Cohen, dos de los abogados personales de Trump, ese papel lo ha ocupado un ex juez.
“Este asunto ha captado la atención del público estadounidense. Las garantías meramente ‘adecuadas’ no son aceptables cuando el asunto en cuestión involucra no solo los derechos constitucionales del presidente Trump, sino también la presunción del privilegio ejecutivo”, escribieron los abogados.
La demanda argumenta que los registros, creados durante el mandato de Trump en la Casa Blanca, son “presuntamente privilegiados”. Pero la Corte Suprema nunca ha determinado si un expresidente puede hacer valer el privilegio ejecutivo sobre los documentos, y escribió en enero que el tema no tiene precedentes y plantea “preocupaciones graves y sustanciales”.
El tribunal superior rechazó la solicitud de Trump de bloquear los registros en poder de los Archivos Nacionales para que no fueran entregados al comité del 6 de enero, diciendo entonces que su solicitud habría sido denegada incluso si él hubiera sido el presidente en ejercicio, por lo que no había necesidad de abordar el espinoso tema de las afirmaciones de un expresidente.