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El decreto sobre estímulos para impulsar el nearshoring debe ser extendido para todos los sectores, de lo contrario violaría el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), criticó Xóchitl Gálvez, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México.
”Me encanta, porque ese es el camino, los incentivos, esta idea de crear capital humano, lástima (...) pero la manera como está planteada no puede ser solo para los exportadores, tiene que ser para todos”, dijo en la Reunión Extraordinaria de Consejo Directivo de la Concamin.
Planteó que para hacer realidad el nearshoring se debe asegurar el cumplimiento de la ley, eliminar la burocracia, e incrementar la seguridad.
El tema energético debe ser otro eje de la estrategia para aprovechar el nearshoring, pues se debe elevar la capacidad de electricidad, aseguró. Gálvez recordó que como legisladora, estuvo en contra de la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica porque le parecía un retroceso.
De la mano con la energía se requiere que esta sea limpia, que haya infraestructura para transportar gas, carreteras y abastecimiento de agua, agregó.
Gálvez habló de la necesidad de presentar una propuesta ante legisladores de un Presupuesto 2024 más responsable con el gasto público y que ayude a fortalecer la seguridad, dando más recursos para las policías municipales y estatales, federalizar el gasto y fortalecer la salud.
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¿Qué sabemos del decreto de estímulos para fomentar el nearshoring?
La medida de la Secretaría de Hacienda permitirá a los interesados en la relocalización de empresas en México la deducción acelerada de inversiones de 56 a 89 por ciento en 2023 y 2024.
“Este decreto establece incentivos fiscales para empresas que deseen reubicarse en cualquier parte de México y aplica para diez sectores clave de la economía mexicana”, explicó Gabriel Yorio, subsecretario de la dependencia.
Los 10 sectores beneficiados de la industria exportadora los de los semiconductores, automotriz (especialmente en la electromovilidad), eléctrica y electrónica, dispositivos médicos y farmacéuticos, la agroindustria, y de alimentación humana y animal.
El decreto también establece la posibilidad de una deducción adicional de 25 por ciento por tres años en gastos que tengan que ver con la capacitación de trabajadores.