Segalmex, de nuevo en la mira: Función Pública denuncia irregularidades y pide investigar a la Fiscalía

La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció el miércoles que presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por “posibles irregularidades cometidas por servidores públicos” en Segalmex, Diconsa y Liconsa, la triada de órganos de gobierno encargados de los programas de apoyo a pequeños productores agrícolas y del acopio y distribución de alimentos básicos en todo el país.

La SFP detectó estas irregularidades en el uso de recursos para los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, por lo que ordenó a Segalmex, Diconsa y Liconsa realizar una fiscalización de dichos ejercicios.

Esta no es la primera vez que autoridades fiscales y judiciales ponen la lupa sobre Segalmex. En julio del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una investigación por diversas anomalías reportadas al interior del órgano, compras simuladas, desvío de subsidios, asignaciones directas a empresas fantasmas y faltantes en inventarios que ascienden a millones de pesos.

En respuesta, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) separó de su cargo a varios servidores públicos en los tres órganos y solicitó una “intervención jurídica y administrativa”.

Consecuentemente, Sader anunció dos nombramientos. Juan Francisco Mora Anaya, actual titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, Diconsa y Liconsa, será responsable de las Direcciones Comercial y de Operaciones de Liconsa. Alma Contreras Garibay estará a cargo provisionalmente de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

En julio de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación sobre posibles actos de corrupción en Segalmex.

Gran parte de la investigación se centraba en René Gavira Segreste, quien entre 2019 y 2020 fue el director de Administración y Finanzas de Segalmex y el responsable de otorgar contratos multimillonarios irregulares por adjudicación directa.

Según reveló en su momento Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), algunos de esos contratos fueron por casi 800 millones de pesos a una red de seis compañías cuyos socios han participado en empresas fantasma y en desvíos en el ISSSTE y en la SEDATU.