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Un grupo de 40 congresistas estadounidenses dijeron estar gravemente consternados por lo que llamaron un esfuerzo en escalada del Gobierno mexicano para excluir a empresas privadas del sector energético.
“El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el objetivo explícito de brindar a las empresas nacionales de energía de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con trato preferencial, en directa contradicción con el T-MEC, que su propia Administración negoció y firmó,” dijeron los congresistas en una carta fechada este miércoles.
El Gobierno de López Obrador y su partido han defendido la regulación y esfuerzos legislativos que han sido declarados anticompetitivos y dañinos para el medio ambiente en tribunales mexicanos, agregaron.
Estas acciones son perjudiciales para la inversión y los trabajadores de Estados Unidos, y afectan los compromisos de sostenibilidad, según los congresistas.
“En las últimas semanas, se han intensificado las acciones de ejecución discriminatorias y arbitrarias. A través de lo que aparenta ser un uso selectivo de la autoridad, han obstaculizado explícitamente —y en algunos casos bloqueado por completo— la participación del sector privado estadounidense en los mercados de combustibles de México”, dice la carta.
Los congresistas estadounidenses urgieron a los titulares de Comercio y Energía de su país, así como al jefe del Departamento de Estado, Antony Blinken, a que presionen más a las autoridades mexicanas para que paren actos discriminatorios contra empresas de su país y se rijan bajo los parámetros establecidos en el T-MEC.
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El presidente López Obrador envió en septiembre al Congreso mexicano una iniciativa de reforma constitucional para reestructurar al sector energético a través de la cual buscará que la CFE mantenga el 54 por ciento del mercado nacional, comparado con el actual 38 por ciento.
El director de la eléctrica nacional, Manuel Bartlett, ha dicho que la intención es cancelar todos los contratos de generación que hay en el país, por lo cual no habría ningún tipo de reparación económica de por medio para los afectados, aunque los detalles de cómo se haría eso y cuánto le costaría a México no son claros aún.