CIUDAD DE MÉXICO.- La Procuraduría General de la República (PGR) se declaró en imposibilidad "real, jurídica y material" para crear la 'Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala', como lo ordenó un tribunal de Tamaulipas.
En una notificación publicada este viernes, Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Tamaulipas, informó de la posición de la PGR respecto a dicha comisión que, según la sentencia, debe ser dirigida por representantes de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014.
"En atención al escrito de los licenciados Carmen Lucia Sustaita Figueroa e Ignacio Gilberto Silva Hernández, tramítese el incidente de imposibilidad real, jurídica y material respecto del cumplimiento a la ejecutoria de 12 de junio del año en curso", dijo el magistrado Pérez García.
Asimismo, dio un plazo de tres días para que las partes ofrezcan pruebas y aleguen lo que a su interés convenga con relación a dicho escrito de la PGR.
La resolución se enmarca en el amparo que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, concedió el 31 de mayo pasado a cuatro de los principales implicados en la desaparición de los normalistas.
Los sujetos que ganaron el amparo y actualmente se encuentran presos son Gildardo López Astudillo 'El Cabo Gil'; Miguel Àngel Landa Bahena 'El Duba'; Felipe Rodríguez Salgado 'El Cepillo' y Jonathan Osorio Cortez 'El Jona'.
Según la resolución del citado Primer Tribunal Colegiado, integrado por los magistrados Mauricio Fernández, Héctor Gálvez y Juan Antonio Trejo, se debe reponer la fase de pre-instrucción y, en un plazo de 10 días hábiles, crear la ?Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala'.
Según el ordenamiento, la comisión deberá estar integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el Ministerio Público de la Federación, sin perjuicio de que puedan integrarse organismos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados.
Asimismo, se instruyó que las líneas de investigación y pruebas a practicarse serán determinadas por los representantes de las víctimas y la CNDH, mismas que tendrán validez como si las hubiera ordenado el Ministerio Público.
Finalmente estableció que los agentes del Ministerio Público sean distintos a los que hasta el momento han intervenido en la investigación del caso.