Las viejas prácticas de habilitar policías informales, conocidos como “madrinas”, estarían reapareciendo alrededor de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Seis denuncias presentadas entre julio y septiembre de 2026, en cuatro entidades, describen un mecanismo de intimidación contra empresarios y comerciantes: exigirles millones de pesos bajo la amenaza de fabricar delitos o involucrarlos en investigaciones criminales.
El presunto retorno de estos sujetos plantea un problema que rebasa las exigencias económicas. Se trata del uso indebido de una institución de justicia para someter a particulares, mediante individuos que aseguran tener vínculos con funcionarios y capacidad para activar o detener investigaciones.
Según el recuento documental proporcionado, en cinco de los seis expedientes aparece mencionado César Oliveros Aparicio, titular de la FEMDO, identificado en algunos relatos como “El Profe”.
Los denunciantes afirman que pagaron ese dinero a los sujetos a cambio de no fincarles carpetas. Los presuntos ‘madrinas’ invocan el nombre o aseguran actuar por sus instrucciones. También figuran recurrentemente los nombres de los presuntos “madrinas”: Luis Alberto Ortega Nazar, Christian Durán Ponce y José Roberto López Uscanga. En todo caso, los supuestos policías deben investigarse, pues no acreditan por sí mismos los vínculos invocados.
El 8 de julio, en Guadalupe, Nuevo León, un denunciante afirmó que cuatro individuos acudieron a su negocio y exigieron 2.5 millones de pesos, amenazándolo con fabricarle delitos relacionados con delincuencia organizada, huachicol y otros ilícitos. Prácticas que hacen recordar a un cartel.
En Torreón, Coahuila, la denuncia del 15 de julio, con folio 011026140516HHMCSSSS, señala que tres sujetos dijeron ser empleados de Oliveros y solicitaron cinco millones de pesos en efectivo para evitar una investigación por huachicol. En ese expediente aparecen Ortega Nazar, Durán Ponce y López Uscanga.
En Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la denuncia 15845-2026-4848, del 22 de julio, refiere una exigencia de seis millones de pesos por hombres que se presentaron a nombre de la Fiscalía de la Ciudad de México. El denunciante asegura haber entregado el dinero para evitar investigaciones por lavado de dinero, delincuencia organizada y huachicol. Las exigencias, sostiene, continuaron.
En la capital, otra denuncia en Cuajimalpa, el 28 de agosto, con folio 261001-96654, describe amenazas de “fabricar” una investigación contra un empresario en Santa Fe. La de Miguel Hidalgo, del 18 de septiembre, folio 261001-96660, menciona nuevamente a Oliveros y a un sujeto presuntamente armado.
En Benito Juárez, el 29 de septiembre, el folio 261001-96672 recoge que los visitantes supuestamente eran enviados por “El Profe” y portaban tres armas que el denunciante consideró oficiales.
El material complementario atribuye a las “madrinas” investigaciones informales y una posible coordinación con organizaciones criminales. Estos señalamientos adicionales están en las seis denuncias descritas, mientras se repiten las amenazas, las exigencias económicas y la invocación de supuestas relaciones institucionales.
De confirmarse, estas prácticas representarían un golpe a la credibilidad del combate al crimen y pondrían en entredicho el discurso de respeto a la ley que sostiene Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Una estrategia de seguridad pierde autoridad cuando sujetos que invocan vínculos policiales pueden utilizar el temor a una investigación como herramienta de extorsión.
La FEMDO debe esclarecer si su nombre y el de su titular están siendo utilizados por impostores, colaboradores tolerados o sujetos con respaldo institucional. El presunto regreso de las “madrinas” exige investigar tanto a quienes cobran como a quienes pudieran facilitar su actuación.
