El exgobernador de Baja California, Ernesto ‘N’, fue trasladado este jueves 16 de julio a la Ciudad de México bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de ser detenido en Ensenada por su presunta participación en una red de huachicol fiscal relacionada con la empresa Ingemar, S.A. de C.V.
La FGR lo investiga por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles.
El exmandatario estatal será puesto a disposición de un juez federal, quien determinará su situación jurídica durante la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público Federal buscará formular imputación en su contra.
Antes de abordar el vehículo oficial que lo trasladó a la capital del país, Ernesto ‘N’ se despidió de las personas que se encontraban en el lugar.
¿De qué se le acusa a Ernesto N?
La investigación federal vincula al exgobernador con presuntas operaciones irregulares para la importación de hidrocarburos.
Hasta la noche del jueves, la Fiscalía no había informado la sede ni el horario de la audiencia judicial.
Ernesto ‘N’ fue el primer gobernador de oposición en México al ganar las elecciones de Baja California en 1989 como candidato del Partido Acción Nacional (PAN), hecho que marcó el fin de varias décadas de gobiernos estatales encabezados por el PRI en la entidad.
Así operaba Ernesto ‘N’ para traficar hidrocarburo
La detención del exgobernador ocurre en el marco de las investigaciones que mantiene la Fiscalía General de la República contra redes dedicadas al denominado huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que opera mediante la evasión del pago de impuestos y la utilización de documentación falsa para introducir hidrocarburos al país.
De acuerdo con información oficial difundida por la FGR, estas organizaciones utilizan empresas importadoras, operadores logísticos y agentes aduanales para ingresar combustible por distintas vías de transporte, entre ellas marítima y ferroviaria.
Las investigaciones federales han identificado el uso de documentación apócrifa para simular importaciones legales, la alteración de volúmenes declarados ante las autoridades aduaneras y la clasificación incorrecta de los cargamentos para reducir o evitar el pago de contribuciones fiscales.
Asimismo, la Fiscalía ha señalado que parte del combustible era almacenado en instalaciones irregulares y posteriormente incorporado a cadenas de distribución dentro del país.
Las autoridades federales mantienen abiertas diversas indagatorias relacionadas con el contrabando de hidrocarburos y han realizado aseguramientos millonarios de combustible como parte de la estrategia para combatir el huachicol fiscal.
