Los principales funcionarios del gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunieron con gestores de activos como BlackRock, KKR y Macquarie Asset Management, mientras el país busca reactivar la inversión privada para el desarrollo de infraestructura.
Las firmas participaron en un extenso taller el mes pasado, al que también asistieron representantes de Copenhagen Infrastructure Partners, Mexico Infrastructure Partners y Alom Infra, según personas con conocimiento del asunto.
Pese a cortejar a inversionistas globales y a los fondos de pensiones mexicanos desde principios del año pasado, el gobierno de Sheinbaum aún no ha estructurado vehículos de propósito específico capaces de atraer una inversión privada significativa.
Sin embargo, el reciente repunte de la inversión privada en el debilitado sector eléctrico mexicano sugiere que el gobierno podría estar ganando impulso.
Las conversaciones durante las reuniones de junio se centraron en debatir el marco para posibles proyectos, más que en una cartera específica de nuevas inversiones, según las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información no pública. Los funcionarios manifestaron interés en desarrollar proyectos de energía y carreteras en el corto plazo, señalaron las fuentes.
Las reuniones también incluyeron un desayuno con el secretario de Hacienda, Edgar Amador, al que asistieron representantes de los fondos de pensiones del país, conocidos como Afores, según algunas de las personas con conocimiento del tema.
“Los ahorros para el retiro tienen un horizonte de largo plazo, lo que los hace naturalmente compatibles con el financiamiento de proyectos de infraestructura bien estructurados”, señaló en un comunicado Guillermo Zamarripa, presidente de la asociación de fondos de pensiones Amafore. “Este tipo de inversiones contribuye a la diversificación y ofrece rendimientos razonables. México necesita inversión en infraestructura”.
Representantes de BlackRock, KKR, Copenhagen Infrastructure Partners y Mexico Infrastructure Partners declinaron hacer comentarios. Un portavoz de Alom Infra confirmó que un representante de la firma asistió al taller, aunque no entregó más detalles.
“En términos generales fue una reunión positiva, ya que brindó a los gestores de activos la oportunidad de dialogar directamente con el gobierno sobre inversión en infraestructura”, señaló Ernesto González, director de Macquarie Asset Management en México, en un comunicado enviado por correo electrónico.
“Uno de los temas que surgió fue la importancia de contar con un marco de colaboración. Un entorno regulatorio estable y un mecanismo de arbitraje para la resolución de disputas son esenciales para atraer y mantener la inversión necesaria para impulsar grandes proyectos de infraestructura en México”.
Macquarie ha invertido en México durante casi dos décadas.
¿Por qué México busca a inversionistas?
Las reuniones se producen mientras los planes para que los inversionistas privados destinen capital a estos proyectos han permanecido estancados y crece cierta impaciencia entre los inversionistas a los que el gobierno espera recurrir para obtener financiamiento.
Entre ellos figuran las Afores, que administran unos 500 mil millones en activos y cuyo patrimonio se espera que aumente en los próximos años. En mayo, el gobierno presentó medidas para reducir la burocracia y el Congreso aprobó una ley impulsada por Sheinbaum destinada a agilizar la autorización de inversiones en grandes proyectos de infraestructura.
Durante las reuniones del mes pasado, representantes de la Secretaría de Hacienda presentaron un panorama general de la nueva ley y se discutieron posibles mejoras, según algunas de las personas. Uno de los temas fue reducir la burocracia para las llamadas propuestas no solicitadas, es decir, proyectos planteados por el sector privado, con el fin de acelerar los plazos.
También persisten dudas sobre qué tipo de proyectos resultan adecuados para algunos inversionistas. Las Afores, por ejemplo, tienen menos probabilidades de invertir en proyectos de infraestructura greenfield, es decir, en etapas iniciales de desarrollo, que son precisamente los que interesan al gobierno, indicó una de las personas. Otra señaló que una combinación de proyectos ya establecidos y nuevos sería una alternativa viable.
Las Afores querrían obtener rendimientos de al menos un porcentaje de dos dígitos medios para considerar atractivas las inversiones en infraestructura, señalaron participantes del mercado en los últimos meses.
Aun así, existen señales de optimismo: la inversión privada en el debilitado sector eléctrico de México ha comenzado a acelerarse. Los acuerdos para plantas de generación, energías renovables e infraestructura están dando impulso al plan de Sheinbaum para modernizar la red eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad concluyó en junio el primer proceso de licitación bajo su nuevo esquema de inversión mixta para energías renovables, con el objetivo de incorporar una capacidad estimada de generación de 7 mil 411 megavatios.
El hecho de que el gobierno esté abierto a la inversión privada —un cambio radical respecto de la administración anterior de Andrés Manuel López Obrador— también representa una señal positiva, según algunas de las personas.
