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En fast track, Morena y sus aliados aprobaron en comisiones del Senado una reforma que elimina la facultad de jueces de otorgar la suspensión provisional y definitiva de leyes, con efectos generales, que hayan sido impugnadas mediante la Ley de Amparo.
Las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, que presiden los morenistas Olga Sánchez Cordero y Rafael Espino de la Peña, respectivamente, avalaron el dictamen con 19 votos a favor, 13 votos en contra y cero abstenciones, el cual fue enviado al pleno para su votación.
En la discusión, los legisladores de oposición advirtieron que esta reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo no sólo es inconstitucional, sino además representa un acto de “venganza” del oficialismo contra los juzgadores que, por ejemplo, otorgaron la suspensión a la reforma a la Ley Eléctrica.
La senadora sin grupo parlamentario Claudia Ruiz Massieu anticipó que la oposición recurrirá, como en ocasiones anteriores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una acción de inconstitucionalidad.
“Es un afán de decir: ‘vamos a quitarle a los jueces la posibilidad de hacer esto que no estamos de acuerdo’. Es una forma de seguir en este afán de enfrentar al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, y es una reforma innecesaria, perniciosa y, además, inconstitucional”, destacó.
En coincidencia, el legislador del partido del sol azteca Miguel Ángel Mancera explicó que esta iniciativa de reforma, impulsada por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, contraviene lo establecido en la fracción décima el artículo 107 de la Constitución, el cual establece:
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“Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social”.
Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Corte y senadora de Morena, argumentó en favor del dictamen: “No es inconstitucional, porque la inconstitucionalidad sería si violentáramos el principio relativo del juicio de amparo”.
En opinión del panista Damián Zepeda, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “está enojado” derivado de las resoluciones, tanto de jueces como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y contra la militarización, y fue más allá:
“Quieren que no les puedan parar una obra. Ése es el primer objetivo. Son dos objetivos. (...) Y el otro caso es que no quieren que se pueda suspender la aplicación de una ley para toda la población de una norma que tiene una presunción de inconstitucionalidad”, destacó.
Los morenistas Rogelio Zamora y Reyes Flores, en defensa del dictamen, argumentaron que los jueces y ministros se han “extralimitado” al suspender las leyes que han sido impugnadas mediante un juicio de amparo.
“El efecto de suspensión jamás debe tener mayores consecuencias de lo que obtendría un quejoso con el fondo de la sentencia, y ahí es donde yo creo que la Corte se ha extralimitado al conceder el efecto general de la suspensión, en el caso de leyes generales, porque eso puede lesionar derechos de terceros”, dijo Reyes Flores.
El Consejo General de la Abogacía Mexicana, que agrupa a la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el Colegio de Abogados y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, entre otras asociaciones, solicitaron a los senadores Sánchez Cordero y Espino de la Peña poder ser escuchados en parlamento abierto sobre esta reforma que es reglamentaria a los artículos 103 y 107 de la Constitución.