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El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que organizará la consulta sobre la revocación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de los recortes a su presupuesto para 2022.
“Este instituto está cumpliendo con todo lo que está en su esfera de responsabilidades para la adecuada realización del proceso de revocación de mandato”, expresó el consejero presidente, Lorenzo Córdova, durante una sesión de la institución.
La Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de egresos para 2022 que recorta 4,900 millones de pesos a los cerca de 24,600 millones que el INE había solicitado para el próximo año.
Córdova criticó que “el boquete es de tales dimensiones que es muy complicado que pueda subsanarse o generar los recursos suficientes para que se pueda cumplir” con las obligaciones del ente electoral.
Anunció que acudirá ante la Suprema Corte para que decida si el INE puede organizar una consulta con menos mesas de votación de las previstas en la ley de revocación de mandato aprobada por el Congreso.
“Si en algún momento la revocación de mandato está en entredicho, no es responsabilidad de esta institución, sino de quien tiene la obligación de generarle a las instancias del Estado mexicano los recursos suficientes”, reprochó.
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Con el objetivo de fomentar la democracia directa, el presidente López Obrador impulsó una iniciativa aprobada en el Congreso para que a mitad de su mandato se convoque una consulta ciudadana para que los mexicanos decidan si debe seguir en el cargo o dimitir.
Sin embargo, la coalición opositora “Va por México” presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley al considerar que el presidente, cuyo mandato concluye en 2024 y tiene una aprobación ciudadana del 60 por ciento, busca promocionarse con este ejercicio.
El primero de agosto, México celebró su primera consulta ciudadana a nivel nacional, también impulsada por López Obrador, sobre enjuiciar por corrupción a actores políticos del pasado, pero solo participó el 7.1 por ciento del padrón electoral, muy lejos del umbral del 40 por ciento para que fuera vinculante.
En ese ejercicio, el Gobierno acusó el INE de no ponerle suficiente empeño, mientras que la autoridad electoral alegó que la Cámara de Diputados no le otorgó el presupuesto solicitado para la consulta.