:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elfinanciero/ILF6NSAFIZDPFKLOSHDJFQBPDI.jpg)
La presentadora de televisión, Inés Gómez Mont, acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero, dijo este jueves que los señalamientos en su contra “revelan la persecución de mala fe de la que mi esposo (Víctor Álvarez Puga) y yo somos objeto”.
Indicó que tiene mucho temor de que los abusos continúen, pero remarcó que es “inocente y esto es una injusticia”.
Gómez Mont recordó que las autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en su contra, ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Destacó algunos puntos como que el Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda, inició un procedimiento penal en su contra, “aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo. No estaba autorizado legalmente. De ese tamaño su sed de persecución en nuestra contra”.
Apuntó que el juez Zeferín Hernández, “quien era consciente de la calumnia, días después se convirtió en su cómplice y emitió la pretendida orden de aprehensión. Es lamentable pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe: El juez ordenó encarcelarnos a una prisión de máxima seguridad”.
El pasado 10 de septiembre se dio a conocer que tanto ella como Álvarez Puga fueron acusados por los delitos de peculado (malversación de fondos), delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3 mil millones de pesos (unos 150 millones de dólares).
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elfinanciero/SDQ5L7JLRRGO7M2TSOFCJFKXMU.JPG)
La conductora, el empresario y su hermano, Alejandro Álvarez Puga, estarían involucrados en el uso de empresas fantasma que facilitan a terceras personas la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero.
Debido a que estos delitos son tipificados como graves, ameritan prisión preventiva.
Con información de EFE