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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y sin modificaciones, la minuta del Senado que contiene la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) y reformas a otras 64 leyes.
En la iniciativa destaca la creación de una fiscalía especializada únicamente en la investigación de los delitos de violencia contra las mujeres y otra para los de trata, el garantizar la autonomía técnica de los fiscales especiales la creación de un órgano desconcentrado que gestione el sistema profesional de carrera, establecer el derecho de las víctimas para presentar peritajes independientes, así como su derecho a participar en los procedimientos administrativos de responsabilidades de los servidores públicos y la abrogación de la Ley de Delitos de Imprenta, entre otras.
Luego de varias y accidentadas sesiones en la Comisión de Justicia, con duros choques entre morenistas y de la 4T en contra de la oposición, con 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones, el dictamen quedo avalado y se agendaron decenas de “reservas” o propuestas de modificación al dictamen para la discusión en lo particular de la Ley Orgánica y otras 64 leyes más que incluye el paquete de reformas.
La mayoría de Morena y sus aliados sostuvieron en tribuna que no es conveniente modificar ni retrasar su aprobación, porque el paquete de reformas contiene modificaciones a 65 leyes y ordenamientos con las que se garantiza a las víctimas del delito “el pleno acceso a la justicia y a una administración expedita de la misma; se incluyen mecanismos de participación ciudadana en favor de los derechos de las víctimas y, al mismo tiempo, se da la posibilidad de la creación de instancias especializadas al interior de la Fiscalía, con la intención de tener mejores herramientas para el combate a los delitos”.
Además, aseguró que la Fiscalía General de la República “será un verdadero órgano público autónomo, reestructurada para asegurar un mejor desempeño dentro de los procedimientos judiciales y fortalecer los sistemas de procuración e impartición de justicia penal”.
Sin embargo, la oposición del PAN, PRI, MC y PRD contradijo y expuso que el dictamen “olvida las necesidades sociales y el verdadero rol de un fiscal ante las exigencias del sistema penal acusatorio”; que “olvida a las víctimas e ignora los reclamos de los colectivos sociales”.
Con mantas y pancartas dentro del salón de sesiones, sin sana distancia, señalaron que “se necesita una fiscalía humana, sensible, eficaz y autónoma; sin embargo, la ley va en contra de las víctimas”. “El dictamen tiene fallas y no protege a las víctimas”, insistieron.