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La reforma a la Ley de Hidrocarburos que busca retirar permisos y tomar instalaciones de las empresas suspendidas para combatir el comercio ilegal de energéticos no tendrá impacto en el Presupuesto, concluyeron los diputados en la opinión sobre esta iniciativa.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados emitió su opinión sobre la reforma a la Ley de Hidrocarburos y la remitió a la Comisión de Energía para dictamen.
En la opinión, cuya copia tiene EL FINANCIERO, se concluye que aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, no genera un impacto presupuestario directo.
“La Iniciativa no genera un impacto presupuestario directo debido que se dirige a fortalecer la función y capacidades reguladoras del Estado sobre el mercado de hidrocarburos y no a modificar su función y capacidad de proveedor de bienes, en sus atribuciones de derecho público y privado”, informó la Comisión.
Sin embargo, señaló que podría generar ingresos y/o erogaciones adicionales, ya que podría generarse un ahorro potencial adyacente derivado de las ventas supletorias del Estado y la reducción de las pérdidas por el mercado ilícito de petrolíferos e hidrocarburos.
“Por otra parte, se podrían requerir erogaciones presupuestales adicionales para el pago de afectaciones a aquellos permisionarios que conforme al artículo Tercero Transitorio lo demanden”, indica.
Y es que el artículo señala que todos aquellos permisionarios que pudieran ser perjudicados en su esfera jurídica y sus derechos con la reforma, podrán solicitar el pago de las afectaciones correspondientes.
Respecto a la modificación al artículo 51 para el otorgamiento de permisos, donde el interesado deberá demostrar que cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía y con relación al artículo Cuarto Transitorio que establece que la autoridad competente podrá revocar el permiso en caso de incumplimiento de requisitos, la Comisión señaló que el impacto estaría asociado a la decisión de los permisionarios de emprender acciones judiciales.