:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elfinanciero/U3W5BDDEMRGR7PUNWOMCS3I45E.jpeg)
En su Reporte Anual sobre Derechos Humanos en el Mundo, el Departamento de Estado de Estados Unidos dedicó, en el caso México, un apartado a las mujeres, que incluye 375 “feminicidios” entre enero y junio del año pasado, y retomó las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que documentan más de mil 600 asesinatos de mujeres, incluido un nuevo récord de 263 mujeres asesinadas en un solo mes.
Sostiene que en México la impunidad y las tasas “extremadamente bajas” de enjuiciamiento siguieron siendo un problema para todos los delitos, incluidos los abusos contra los derechos humanos.
En materia de libertad de expresión, el Departamento de Estado señaló que, aunque los periodistas mexicanos gozan de la libertad de criticar al gobierno y discutir asuntos de interés general sin restricciones, los políticos públicamente han desacreditado y criticado a los medios. “Los periodistas que hicieron preguntas difíciles al Presidente en su conferencia diaria recibieron ataques vía Twitter. Mensajes de tuit diseminaron sus identidades y las de sus medios de comunicación, y también hicieron veladas amenazas”.
En su reporte, el primero emitido durante la era Biden, pero que cubre los sucesos de 2020, señala que “la agencia federal de estadísticas del gobierno estimó que el 94 por ciento de los delitos no se denunció o no se investigó. Hubo informes de que algunos agentes del gobierno eran cómplices de bandas criminales organizadas internacionales, y hubo bajas tasas de enjuiciamiento y condenas por estos abusos”.
El Departamento de Estado hizo notar que elementos delictivos organizados, incluidas las pandillas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron “autores importantes” de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, soborno, intimidación y otras amenazas “lo que resultó en altos niveles de violencia. El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la gran mayoría permaneció impune”.
El reporte enumeró los problemas “significativos” de derechos humanos en México:
-Informes sobre la participación de la policía, el Ejército y otros funcionarios gubernamentales y grupos armados ilegales en homicidios ilegítimos o arbitrarios y desapariciones forzadas.
-Tortura por las fuerzas de seguridad.
-Condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales.
-Arresto arbitrario y prisión preventiva prolongada.
-Violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
-Graves actos de corrupción.
-Impunidad por la violencia contra la mujer.
-Violencia dirigida a personas con discapacidad y personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales.
-La existencia de las peores formas de trabajo infantil.
El reporte hizo notar que la impunidad por la tortura fue habitual entre las fuerzas de seguridad e indicó que organizaciones no gubernamentales declararon que las autoridades fallaron en investigar las acusaciones. También mencionó la existencia de reportes de qué entidades del gobierno o sus agentes cometieron asesinatos arbitrarios o ilegales, “con frecuencia con impunidad”.
Por otro lado, el Departamento destacó positivamente que el gobierno mexicano haya continuado sus esfuerzos de fortalecer la libertad de asociación, promover democracia sindical y mejorar la capacidad de los trabajadores de negociar colectivamente. También destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó en mayo “las más integrales reformas de las leyes laborales en más de 100 años”.
Tensión bilateral “obstaculiza lucha contra los narcos”
WASHINGTON, DC.- Los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga desde el interior de México están detenidos desde enero, ya que las tensas relaciones entre ambos países han congelado los intentos de acorralar a los capos del narcotráfico, según altos funcionarios de las actuales administraciones –y de anteriores– de ambos países.
Hasta hace poco, las autoridades de Estados Unidos y México compartían de manera rutinaria, aunque con cautela, inteligencia sobre casos importantes. Pero en diciembre, México promulgó una ley para los agentes, que requiere que las autoridades estadounidenses informen sobre sus contactos policiales al gobierno mexicano.
El gobierno mexicano adoptó la nueva ley poco después de que Estados Unidos arrestara y posteriormente liberara al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, acusado de ayudar a los cárteles a contrabandear miles de kilos de heroína, cocaína y metanfetamina.
El arresto fue parte de lo que algunos funcionarios estadounidenses describieron como una nueva voluntad de los investigadores estadounidenses de atacar los vínculos entre los cárteles y las altas esferas del gobierno mexicano. Pero en México, provocó una reacción inesperada.
La nueva política ha llevado a los investigadores de ambos lados de la frontera a poner en pausa su cooperación, temerosos de que las nuevas reglas puedan comprometer los casos o, peor aún, la posibilidad de conseguir informantes.
Las operaciones sobre el terreno, incluidas redadas en laboratorios de drogas mexicanos, han cesado, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Algunos agentes estadounidenses que trabajaban en México informaron que habían sido seguidos por la policía local, y decenas de agentes no pueden obtener visas para trabajar en México.
“Si tenemos que informar nuestras fuentes a su ministerio de Relaciones Exteriores, se ponen en peligro nuestras fuentes y métodos. El sistema está configurado intencionalmente ahora para que la policía mexicana no pueda ayudarnos”, dijo a Reuters un alto funcionario policial de Estados Unidos.
Con información de Agencias*