CARACAS.- El gobierno de Venezuela ya terminó la constitución de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras Petrolíferas y Gas (Caminpeg) que se encargará de la explotación y exportación de petróleo, gas y minerales en general que conforman la principal fuente de ingresos del país.
La Gaceta Oficial N° 40.845 oficializó el decreto 2231 que crea la compañía anónima regentada por una asamblea de accionistas compuesta por cinco personas que serán nombradas por el Ministro de la Defensa venezolano, cargo que actualmente ocupa el general Vladimir Padrino López.
La referida empresa tendrá entre sus competencias la rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros, administración de taladros de perforación; importación, exportación, comercialización y distribución de productos químicos para el sector minero, funciones que cumple la estatal PDVSA.
Sin embargo, el presupuesto no será administrado por el Estado sino de acuerdo con los intereses mercantiles de la compañía. El decreto fue refrendado por el presidente Nicolás Maduro y todo el gabinete de ministros.
La compañía ha sido catalogada por expertos como una superempresa pues tiene mayores atribuciones y alcances que PDVSA.
En el portal Aporrea, cuyo contenido fue mayormente favorable al gobierno durante la gestión del desaparecido expresdiente Hugo Chávez, han señalado que se trata de un golpe de Estado.
"Sin lugar a dudas es el desmontaje de todo el aparato económico del país y que en lo sucesivo será conducido por los militares. Si hasta el martes pasado, el presidente de Pdvsa le reportaba al presidente de la República, Nicolás Maduro, ahora el presidente de CAMINPEG le reporta a Padrino López, por regla de tres simple ¿Quién es el Presidente de la República de facto? Significa la renuncia de Maduro por etapas, poco a poco", advierte la articulista Rosa Natalia.
AVANZA LEY
La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control de la oposición, aprobó por otra parte en primera discusión el proyecto de ley de amnistía y reconciliación que busca la liberación del líder opositor Leopoldo López y varias decenas de los llamados "presos políticos".
El proyecto legislativo es rechazado por el gobierno del presidente Maduro, lo que anticipa una nueva confrontación de poderes que podría truncar la ejecución de la ley.