El Gobierno de Donald Trump planea contratar cazarrecompensas para localizar en sus países de origen a migrantes deportados y obligarlas a pagar multas que, según las autoridades, aún adeudan al Gobierno federal. De acuerdo con un reportaje publicado por WIRED, el programa abarcaría inicialmente México, Honduras y Guatemala, aunque podría extenderse a otros países.
Según documentos obtenidos y analizados por el medio, la iniciativa lleva por nombre “Servicios de Localización y Recuperación de Pagos” y sería implementada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El proyecto contempla una inversión de hasta 9 millones de dólares durante los próximos dos años.
De acuerdo con WIRED, los contratistas deberán realizar labores de verificación de datos y vigilancia física para confirmar el lugar de residencia de las personas deportadas.
Como evidencia podrán presentar fotografías de viviendas, recibos de servicios públicos, registros laborales, documentos judiciales e incluso certificados de defunción. Además, el Gobierno estadounidense aceptará cualquier otra documentación que considere “relevante y creíble”.
El medio también señala que las empresas contratadas deberán entregar a las personas localizadas un folleto oficial, redactado en inglés y español, en el que se detallen las multas y cargos pendientes que, de acuerdo con la CBP, deben cubrir.
Trump usa multas para obligar a migrantes a abandonar EU
La publicación recuerda que, en julio, el Departamento de Seguridad Nacional informó que había impuesto más de 84 mil millones de dólares en multas civiles a migrantes acusados de no abandonar Estados Unidos, con base en una disposición de la ley migratoria de 1996 reactivada durante el primer mandato de Donald Trump.
Estas sanciones ascienden a 998 dólares por día, durante un máximo de cinco años, y algunos casos han acumulado hasta 1.8 millones de dólares.
Hasan Shafiqullah, abogado supervisor de asuntos migratorios de la Sociedad de Asistencia Jurídica, dijo a WIRED que algunas agencias privadas de cobranza incluso agregan hasta 500 mil dólares en cargos administrativos adicionales a las multas impuestas por el Gobierno. Otros especialistas citados por el medio sostienen que estas notificaciones buscan presionar a los migrantes para que abandonen el país y que vulneran el debido proceso.
El reportaje añade que el DHS ofrece condonar determinadas multas a quienes se autoexpulsen mediante la aplicación CBP Home. Sin embargo, la exención no aplica para una tarifa independiente de cinco mil 130 dólares, establecida por el Congreso para personas cuya deportación fue ordenada en ausencia y posteriormente fueron detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que quienes acepten la salida voluntaria aún podrían enfrentar ese cobro.
Especialistas coinciden en que la persecución de personas ya deportadas para cobrarles multas representa una “escalada significativa” en las políticas migratorias.
